Movimiento Ciudadano quiere hablar de futuro en Puerto Vallarta, pero vuelve a colocar al frente a personajes que todavía cargan preguntas del pasado.
Diego Franco Jiménez reaparece en la estructura naranja con dos antecedentes públicos que MC tendría que explicar antes de venderlo como renovación: una denuncia presentada en 2021 por presunto enriquecimiento ilícito y su inclusión en la Recomendación 145/2021 de la CEDHJ, derivada del caso de un menor que murió electrocutado en la plaza de Las Juntas.
La denuncia cuestionó la presunta disparidad entre sus ingresos como funcionario y un patrimonio que los denunciantes situaron por encima de 50 millones de pesos. Franco rechazó los señalamientos y los calificó como “guerra sucia”. Una denuncia, por supuesto, no equivale a culpabilidad, pero tampoco desaparece políticamente porque pasen los años.
El segundo antecedente es todavía más sensible: la CEDHJ documentó vulneraciones de derechos humanos relacionadas con el cumplimiento de la función pública y el mantenimiento de infraestructura municipal e incluyó entre los servidores públicos involucrados a Franco, entonces director de Servicios Públicos Municipales.
Y ahí está la contradicción:
¿Cómo pretende MC recuperar Vallarta hablando de renovación mientras desempolva nombres asociados con los años que justamente tendría que explicar?
Después de perder el municipio, lo lógico sería abrir la puerta a nuevos liderazgos. Pero la apuesta parece ser otra: mismos grupos, mismos nombres y expedientes que regresan a la conversación pública.
Una administración actual cuestionada no vuelve ejemplares a las anteriores.
Una nueva fotografía no borra los antecedentes documentados.
Y levantar una mano rumbo a 2027 no sustituye las respuestas que siguen pendientes.
El problema de MC quizá no sea solamente cómo recuperar Puerto Vallarta. Es intentar recuperarlo sin haber resuelto políticamente su propio pasado.
Pobre Puerto Vallarta: entre quienes hoy decepcionan y quienes quieren regresar sin terminar de explicar ayer.
