Desde las Fuentes
En seguimiento al proceso de consultas establecidas por Estados Unidos y Canadá respecto de la política energética de México y la violación de diversos artículos del T-MEC, esta entrega pretende reflexionar en torno de la actividad que se está llevando a cabo en esta fase del proceso, y que puede representar la base de la solución de la controversia: la negociación.
Entendamos el concepto de negociación como una de las formas de toma de decisión en la que dos o más participantes dialogan entre sí, en un esfuerzo por resolver sus diferencias de intereses. Los enfoques de la negociación pueden ser de dos tipos: distributiva, en la que los negociadores tienen la intención de ganar a toda costa, es decir, sacar la mayor ventaja y beneficios sin importar las necesidades de la contraparte, o bien, integrativa, en donde los negociadores buscan satisfacer la mayor cantidad de necesidades, cediendo el mínimo de exigencias. Éste último enfoque se conoce como ganar-ganar y es el que todo negociador debe aspirar para conformar acuerdos.
De los procesos iniciados por Estados Unidos y Canadá contra México, el primero ya está en la fase de las consultas, en la cual, los equipos negociadores de ambos países se están reuniendo, vía virtual, para atender los puntos de discusión en las mismas. Dichos equipos están encabezados por funcionarios y especialistas en la materia: por el lado de México, la Subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora, mientras que de parte de Estados Unidos está liderando el grupo negociador Jayme White, representante adjunto de la Oficina Comercial de Estados Unidos.
La característica principal, como en todo proceso de negociación, es la divergencia de intereses, lo cual, debe ser visto desde un enfoque integrativo para poder proponer acuerdos al respecto. El corazón de las consultas está en la Ley de la Industria Eléctrica, que consideran violatoria del artículo 2.3 del tratado, que establece el llamado “trato nacional”, en la cual, Estados Unidos considera que los privilegios en el despacho eléctrico para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son discriminatorios de las empresas de ese país, y por lo tanto violatorios de ese artículo del tratado.
También habría violaciones a los capítulos 14 (sobre inversión) y al 22 (relativo a empresas propiedad del Estado) las cuales tienen que ver con negativas, retrasos y revocación de permisos a empresas norteamericanas establecidas en México.
El gran reto para los funcionarios mexicanos será convencer durante esta fase de negociación directa a su contraparte estadounidense, respecto a que no hay violación a los términos del acuerdo, aun cuando claramente se observan disposiciones de carácter legislativo y administrativo. La postura ya se ha trabajado previamente, durante estos primeros 30 días, en el que se ha hecho alusión al capítulo 8 que señala el derecho de nuestro país a modificar sus leyes y su Constitución, aunque lo cierto es que un capítulo es insuficiente para redefinir la integridad del documento el cual ya ha sido ratificado por el Senado mexicano, previamente.
La segunda posibilidad es que el gobierno mexicano acepte que sí hubo violaciones al tratado y esté de acuerdo en modificar dichas disposiciones como, por ejemplo, otorgar permisos a las empresas extranjeras, o bien, agilizar permisos en múltiples aspectos de los hidrocarburos. Aunque este escenario no sería el más favorecedor para el gobierno en turno, lo cierto es que abriría la posibilidad para generar acuerdos en materias muy específicas y evitar llegar a la fase de generación de un panel que dictaminara sobre la controversia, en donde México podría recibir sanciones económicas cercanas a los 30 mil millones de dólares.
Finalmente, no perdamos de vista que la negociación tiene como finalidad generar acuerdos a mediano y largo plazo. El TLCAN fue en su momento, un acuerdo comercial que cumplió con su cometido: crear una zona de libre comercio en donde se facilitara el intercambio de mercancías, capitales y personas. Sin duda, el T-MEC se ha tenido que ajustar a las nuevas condiciones, incorporando temas nuevos en los que los gobiernos tendrán que asumir la responsabilidad de una integración que, si bien se mantiene en una primera fase, debe propiciar un trato igualitario en los intercambios de los países miembros.
Esto se logrará sólo a través de la cooperación y no sólo a través de la resolución de conflictos. La estrategia descansa en la necesidad de sacar provecho de la negociación y encontrar los puntos de acuerdos que beneficien a todas las partes con los costos mínimos para cada uno de ellos.