Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
El inquilino de Palacio Nacional dio una muestra más de su vasta erudición, pues sin esperar dictámenes de peritos o de expertos, determinó que Movimiento Ciudadano “no tiene la culpa” del accidente suscitado hace cuatro días en San Pedro Garza García, Nuevo León, durante un mitin proselitista encabezado por el candidato presidencial de ese instituto político, Jorge Álvarez Máynez.
No es ninguna sorpresa, sobre todo si se tiene en cuenta que el primer mandatario perdona u olvida los más graves errores u omisiones de los políticos que abandonan otras fuerzas políticas para sumarse a la llamada Cuarta Transformación.
En este lamentable suceso, que costó la vida de 9 personas y heridas a otro centenar, no se puede dejar de tomar en cuenta la amistad de López Obrador con el fundador y dirigente real de MC, el veracruzano Dante Delgado Rannauro y los rumores de que Álvarez Máynez es un esquirol al servicio de Morena y rémoras para restarle votos a la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.
La exoneración presidencial para MC se dio a conocer en la conferencia mañanera de ayer, en la cual el político tabasqueño apareció con traje y corbata negros.
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Los rencores de Miguel Angel Osorio Chong no se apagan; sigue culpando a Alejandro Moreno de la salida de varios exgobernadores de las filas del PRI. El ex secretario de Gobernación le quitó la coordinación de los priístas en el Senado porque fue una concesión de Peña Nieto y de Videgaray.
Pero Alito lo mandó al diablo; quien quería reelegirse en esa coordinación y seguir criticando al dirigente priísta. Osorio arrastró con él a Eruviel Ávila, a Alfredo del Mazo, y Alejandro Murat quienes hoy aplauden a Sheimbaun a cambio de la impunidad.
El campechano recibió un partido quebrado, socavado, en la ignominia, y con muchas deudas. También tenía solo 13 senadores y 42 diputados federales, y que estaban dispuestos a venderse al presidente de Morena.
Alito trabajó la alianza con el PAN y el PRD para recuperar más legisladores; hoy hay posibilidades de la representación tricolor mejores, con las votaciones de la próxima semana.
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Siempre legislador plurinominal, Alberto Anaya Gutiérrez ha sido por 33 años el dirigente único del Partido del Trabajo, señalado de ser gestado en 1990 por los Salinas de Gortari para dividir el voto de la izquierda en las elecciones de 1994.
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El “Profe” Anaya justifica que la dirección Colegiada es quien lo ha mantenido desde su fundación como líder de este satélite de la izquierda. No recibe sueldo al ejercer la dirección de manera honorífica, pero su partido, con 457 mil afiliados y con coaliciones con el PRI, el PAN y el PRD en estados, cuenta con espacios en el Congreso y con financiamiento del INE por más de 400 millones de pesos anuales.
Inclusive ha estado metido el y su esposa en actos de corrupción, pues ella ha recibidos millones de pesos por “realizar actividades educativas que nadie conoce”.
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Nos aseguran que René Toussaint empresario del sector financiero en Guadalajara, pretende apropiarse ilegalmente de un club hípico en la CDMX. Este personaje, quien aparentemente tiene vetada la entrada a Estados Unidos por posibles manejos financieros ilegales, ahora busca hacerse con el Club Hípico Rancho San Francisco, que tiene un valor aproximado de 5 millones de dólares.
Toussaint contrajo nupcias con la accionista de SF Holdings, firma propietaria de ese hípico, quién aceptó la propuesta de René de prestarle dinero para liquidar el crédito que aquella tenía con una financiera que usó para comprar el mencionado club a cambio de 10% de las acciones de la empresa, las cuales compraría Fincapital, empresa de René y su hermano Andrés.
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Desde el inicio de su carrera política en 2015 y especialmente durante su mandato como Gobernador de Nuevo León en 2022 y 2023, los ingresos del despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, del cual Samuel García es accionista junto a su padre, han crecido casi 360 veces. Similar crecimiento han tenido los activos de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, una compañía inmobiliaria que ambos fundaron en 2016.
Copias de declaraciones fiscales obtenidas por el diario Reforma revelan que el crecimiento de estas empresas coincidió con la trayectoria política de García, quien fue Diputado local de Movimiento Ciudadano (MC) de 2015 a 2018, Senador de 2018 a 2021 y Gobernador desde octubre de 2021. Los ingresos de Firma Jurídica y Fiscal Abogados pasaron de 1.7 millones de pesos en 2015 a 292.6 millones en 2022 y a 600.6 millones en 2023, lo que representa un aumento de casi 36,000 por ciento.
En días pasados investigaciones periodísticas han revelado la adquisición de propiedades por parte de Samuel García durante su mandato como gobernador de Nuevo León, que comenzó en octubre de 2021. Aparte de las 17.6 hectáreas en el exclusivo sector de Mesa de la Corona, en San Pedro, donde planea construir una mansión, García ha sumado al menos tres propiedades más en este municipio entre junio de 2022 y agosto de 2023.
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El exsubdirector de Verificación Comercial del Gobierno de Tlanepantla, Luis Dávila, denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Instituto Electoral del Estado de México, a Raciel Pérez, candidato a la presidencia municipal de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, quien aseguró que el exservidor compró una propiedad en Miami por 500 mil dólares.
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“En el Estado de México, la coalición Fuerza y Corazón por México, entregará buenas cuentas a Xóchitl Gálvez para llevarla a la presidencia de la República”, sostuvo el candidato al Senado, Enrique Vargas del Villar.
“Ganamos las calles, la campaña y ahora les vamos a ganar la elección el 2 de junio; estamos cerrando con buenos números para obtener la victoria”.
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Uno de los blancos favoritos de las diarias diatribas del presidente López Obrador son los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, a los cuales acusa de defender intereses de los poderosos.
Con tal antecedente resulta interesante esperar la reacción del político tabasqueño ante la sentencia de un tribunal colegiado que invalidó un fallo de una jueza que había determinado que la residencia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no podía ser objeto del proceso de “extinción de dominio” como parte del juicio de corrupción que se le sigue desde hace años.
Los magistrados Monserrat Cid Cabello, Ariadna Chávez y Andrés Pérez, de Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, determinaron que es válida la demanda de la Fiscalía General de la República para que se aplique la extinción de dominio al inmueble propiedad del ex funcionario.
