Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
Luego de que supuestamente la Secretaría de Hacienda rectificara el presupuesto para la UNAM y el IPN, el diputado federal afirmó que el problema es que también se recortaron recursos a otras casas de estudio, por lo que pidió trato igual para todas las universidades y escuelas de educación media.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI expuso que Morena le quita el 8 por ciento de presupuesto a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), el 8.2 por ciento a la Universidad Politécnica Nacional (UPN), el 7.6 por ciento al Tecnológico Nacional de México (TecNM).
En sus redes sociales, el líder congresista añade que también se le quita el 9.1 por ciento al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), el 4.5 ciento al Colegio de Bachilleres y el 2 por ciento al Conalep.
En entrevista, señaló que es muy preocupante la reducción presupuestaria a todas las universidades, en la que no se refleja el compromiso de “primero los pobres”, que tanto proclaman en el partido de Morena, pues son los estudiantes de escuelas públicas a quienes más afecta este recorte.
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A México marcará el Paquete Económico 2025, asegura el secretario de Hacienda, Rogelio Ramirez de la O, quien hace tres días lo entregó en la Cámara e Diputados a la jerarquia, San Lázaro.
Y sustentar su dicho, en el argumentos fiscales, recaudatorios, de inversiones, equidad y distribu- ción de los ingresos.
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Pero senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez, expresó su compromiso con un análisis riguroso y responsable del proyecto de Ley de Ingresos presentado por el Ejecutivo Federal, el cual por cierto ha sido cuestionado por haber reducido sustantivamente al ramo educativo, a la asistencia pública, entre otros.
Reconoce la importancia de este documento para el desarrollo económico del país y la necesidad de asegurar que las propuestas incluidas sean viables y beneficien a la ciudadanía, agregó.
En este sentido, dijo, en un primer análisis hemos identificado varios aspectos que requieren atención y corrección para garantizar un marco fiscal justo y equitativo. Entre ellos, destacamos:
Incremento de la carga fiscal: Es imperativo evitar que el aumento en los ingresos se traduzca en una mayor carga fiscal para la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de nuestra economía.
Elevado endeudamiento: El paquete económico 2025 prevé un déficit presupuestal del 3,2 % del PIB, lo que equivale a aproximadamente 1.2 billones de pesos. Para financiar este déficit, el gobierno planea emitir deuda pública, manteniendo el nivel de deuda en un 51.4 % como porcentaje del PIB.
Transparencia en el uso de recursos: Exigimos un mayor nivel de claridad sobre cómo se utilizarán los ingresos generados. La rendición de cuentas es fundamental para restablecer la confianza en las instituciones.
Además señala que es necesario que las proyecciones de ingresos sean más realistas y basadas en datos sólidos, evitando así sorpresas que puedan afectar la estabilidad económica.
Es crucial que la Ley de Ingresos contemple mecanismos que fomenten la inversión nacional y extranjera, promoviendo un entorno favorable para el crecimiento económico.
Hace consideraciones para los sectores más vulnerables: Es fundamental que se implementen medidas que protejan a los sectores de la población más afectados por la crisis económica.
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A pesar de que el ilícito de extorsión es uno de los principales delitos cometidos en el país, también es uno de los menos denunciados, pues se estima que, por cada 100 casos, en sólo dos se abre una carpeta de investigación, según un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
De acuerdo el documento “Propuestas para tipificar la extorsión como delito grave”, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, las principales modalidades de extorsión en nuestro país son el cobro de piso y los engaños y amenazas vía telefónica.
Destaca que, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se reportaron 10,337 denuncias por el delito de extorsión, cifra similar a la de 2022 (10,343).
En ese año, las entidades federativas que registraron un mayor número de averiguaciones previas por el delito de extorsión en 2023 fueron: Estado de México (4,010); Veracruz (881); Guanajuato (801); Nuevo León (797) y Jalisco (588).
En contraparte, los estados con menor número de averiguaciones previas por este delito fueron: Coahuila (30); Chiapas (18); Yucatán (14); Chihuahua (5); y Tlaxcala (3).
El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 constitucional que incluye a la extorsión en el catálogo de delitos en los que se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa.
A pesar de que el ilícito de extorsión es uno de los principales delitos cometidos en el país, también es uno de los menos denunciados, pues se estima que, por cada 100 casos, en sólo dos se abre una carpeta de investigación, según un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
De acuerdo el documento “Propuestas para tipificar la extorsión como delito grave”, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, las principales modalidades de extorsión en nuestro país son el cobro de piso y los engaños y amenazas vía telefónica.
Destaca que, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se reportaron 10,337 denuncias por el delito de extorsión, cifra similar a la de 2022 (10,343).
En ese año, las entidades federativas que registraron un mayor número de averiguaciones previas por el delito de extorsión en 2023 fueron: Estado de México (4,010); Veracruz (881); Guanajuato (801); Nuevo León (797) y Jalisco (588). A pesar de que el ilícito de extorsión es uno de los principales delitos cometidos en el país, también es uno de los menos denunciados, pues se estima que, por cada 100 casos, en sólo dos se abre una carpeta de investigación, según un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
De acuerdo el documento “Propuestas para tipificar la extorsión como delito grave”, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, las principales modalidades de extorsión en nuestro país son el cobro de piso y los engaños y amenazas vía telefónica.
Destaca que, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se reportaron 10,337 denuncias por el delito de extorsión, cifra similar a la de 2022 (10,343).
En ese año, las entidades federativas que registraron un mayor número de averiguaciones previas por el delito de extorsión en 2023 fueron: Estado de México (4,010); Veracruz (881); Guanajuato (801); Nuevo León (797) y Jalisco (588).
En contraparte, los estados con menor número de averiguaciones previas por este delito fueron: Coahuila (30); Chiapas (18); Yucatán (14); Chihuahua (5); y Tlaxcala (3).
El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 constitucional que incluye a la extorsión en el catálogo de delitos en los que se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa.
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En contraparte, los estados con menor número de averiguaciones previas por este delito fueron: Coahuila (30); Chiapas (18); Yucatán (14); Chihuahua (5); y Tlaxcala (3).
El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 constitucional que incluye a la extorsión en el catálogo de delitos en los que se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa.
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