LA RETAGUARDIA
ADRIANA MORENO CORDERO
Hoy es un día en que esta errada y llamada cuarta transformación, ahora en su segundo piso, estará de manteles largos porque la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su primer Informe de Gobierno en el que pintará lo que bien puede considerarse la segunda edición de lo que se conoció como AMLOlandia que al final de cuentas representa un mundo rosa, lleno de bondades de lo que ha sido, -en realidad-, un país en el que Andrés Manuel López Obrador se encargó de llevarlo en picada.
Y no hace falta mucho para percatarse cómo está México en materia de salud, seguridad, la situación del campo y otros muchos rubros.
La jefa del Ejecutivo llega a ese momento estelar, inmersa en un proceso en el que cada vez más se parece ni más ni menos que a su maestro y a su antecesor, de tal suerte que mucho se comenta en los corrillos políticos que quien en realidad redactó este primer Informe de Gobierno fue López Obrador, desde su apacible rancho en Palenque, y la que tiene que poner la cara es su alumna.
Otro motivo para que los manteles largos almidonados se pinten de color guinda es este día quedará marcado en la historia como en el que el partido Morena se apropió del Poder Judicial con lo que tristemente, México, vivirá con una Suprema Corte de Justicia, que consta de cuatro ministros y cinco ministras, totalmente a modo y supeditada a quien se supone que no asistirá al primer Informe de Gobierno porque supuestamente, es un hombre retirado de la política. ¿Será?
EL PRI Y LA CONGRUENCIA POLÍTICA
En este sentido, hay que destacar que para la oposición que el partido Morena se ha empeñado en invisibilizar, es hora de definiciones contundentes.
Por eso, ante lo que prácticamente es un asalto al Poder Judicial, la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, -que coordina Manuel Añorve Baños-, dieron a conocer su decisión de no asistir a la toma de protesta de una Suprema Corte ya muy conocida, la de las acordeones.
El Revolucionario Institucional dejó claro que “no convalidará un proceso que, en lugar de promover la independencia judicial, impone criterios que afectan el equilibrio de poderes y debilitan la vida democrática de México, por lo que no asistirá a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal”.
Lo anterior es apenas un “botón” de muestra de lo que le espera a México con la justicia en manos del oficialismo, amén de que su nuevo flamante presidente, Hugo Aguilar Ortiz, carece de la trayectoria requerida; cuestión de revisar su currículum vitae, pero eso sí, se allega de amigos como el exdefensor de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, que supuestamente lo asesorarán, pero todo será al contrario, o sea, pronto habrá desastre, cuestión de tiempo.
En tales circunstancias, los senadores del tricolor, en acuerdo con la dirigencia nacional del PRI, encabezada por su dirigente nacional, Alejandro Moreno y la Secretaria General Carolina Viggiano, expusieron que “nuestra decisión responde a una postura de congruencia política”.
Argumentaron que no asistirán a la instalación del Poder Judicial, porque la reforma impulsada por Morena se convirtió en un mecanismo de control político y efectivamente así es y todo será cuestión de checar las elecciones del 2027.
Lo evidente, es que el partido Morena ya tiene cooptados a la mayoría de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), que encabeza la flamante Mónica Soto que cuenta ya con el 90 por ciento de lealtad y el 10 por ciento no de conocimientos, sino de sumisión.
Por eso, el líder nacional del PRI remató: “ (los del partido Morena), se adueñaron del Poder Judicial y lo sometieron a intereses de partido, anulando los contrapesos que garantizan la libertad y los derechos de los mexicanos a base de acordeones que niegan ahora y desconocen”.
Finalmente, hay que subrayar que la reforma judicial fue presentada por el oficialismo, concretamente por López Obrador, como un acto de democratización profunda, (esto último, por cierto, forma parte de AMLOlandia), encaminada a devolver la confianza en un Poder Judicial acusado de elitismo, corrupción y falta de cercanía con la sociedad”.
