TRAS LA PUERTA DEL PODER
Roberto Vizcaíno
Así parece.
Y mientras el embajador de EU en México Ronald Johnson exige un combate real contra la corrupción y fin a extorsiones y la inseguridad en México como garantía primaria y esencial para el flujo de las inversiones, y Los Angeles Times adelanta que la Administración del Presidente Donald Trump está a punto de aplicar una amplia campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum pide pruebas a EU sobre la corrupción que denuncian.
En su mañanera acusó al gobierno de EU de fabricar culpables y como ejemplo recordó el caso de la aprehensión del exsecretario de la Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos que luego fue enviado a México donde la Fiscalía General le abrió proceso judicial que no encontró delito alguno y que derivó en su liberación.
Por ello dijo no le da veracidad a la nota de Los Angeles Times respecto de que el Gobierno de Trump prepara una embestida contra funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado.
Sheinbaum indicó que cualquier investigación realizada por Estados Unidos contra mexicanos “debe ir acompañada de evidencias”.
Ayer igual el periódico Los Angeles Times destacó una información que indica que el presidente Donald Trump estaría a punto de echar a andar una amplia campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.
“Entonces, cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México tiene que tener pruebas revisadas por la Fiscalía General de la República… evidencias…
“Nosotros no vamos a encubrir a nadie que tenga alguna evidencia de algún delito… pero tiene que haber evidencias, porque si no, son otros temas los que estarían en esos casos”, indicó.
Y por si fuese cierto que desde Washington se preparaa una campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos, dijo:
“… la lucha contra la corrupción aquí le corresponde al gobierno de México, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales.
“Igual que le corresponden a Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios de Estados Unidos en Estados Unidos, porque no es un asunto sólo de México, el tener gobiernos honestos, el que no haya corrupción en los gobiernos, pues es algo que le corresponde a cada Estado…
“Ahora, si hay una investigación de alguna fiscalía a algún servidor público en México, lo que tiene que haber es pruebas claras y evidencias claras….
“Recuerden el caso Cienfuegos: Detienen al general Cienfuegos en Estados Unidos por la DEA y después el presidente López Obrador le pide al presidente Trump en su primer periodo, y al fiscal de Estados Unidos, que puedan entregar toda la información de si es responsable o no de algún delito el general Cienfuegos…
“Envían la información, y lo que se ve es que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de algún acto irregular ilegal que haya cometido el general Cienfuegos. Tan es así que devuelven al general Cienfuegos a México, y la Fiscalía General de la República entonces investiga y encuentra que no hay delito que perseguir”, relató.
E insistió en que, dentro de cualquier acción contra mexicanos por corrupción, deberá haber evidencias.
LA NUEVA INFORMACIÓN DE LOS ANGELES TIMES
Lo que ayer publicó el influyente diario californiano es parte de una serie de informaciones que se han dado en otros medios estadounidenses, como el Portal ProPública, muy cercano al Departamento de Estado encabezado por Marco Rubio, que han venido diciendo que en La Casa Blanca tienen ya una lista de altos funcionarios de la 4T, incluso del Gabinete de Claudia Sheinbaum, que podrían ser incluso aprehendidos y enjuiciados en tribunales norteamericanos por sus obvios y probados vínculos con carteles y crimen organizado, o por ser parte esquemas de corrupción como la red de huachicol fiscal.
El diario destacó las declaraciones del Embajador Ronald Johnson del pasado 23 de abril en Los Mochis, Sinaloa, donde subrayó que para garantizar el flujo de inversiones se debe poner fin en México a la corrupción y la extorsión.
«El mensaje es claro: donde la integridad es fuerte, la inversión crece; donde no la hay, se pierden las oportunidades. Por eso, el tratado exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos. Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos», dijo Johnson ese día en Los Mochis, Sinaloa.
Para Los Angeles Times, eso fue una advertencia clara al Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Fue al colocar la primera piedra de una planta de Mexinol -cuya inversión será de 3 mil 300 millones de dólares-, la más grande del mundo.
MAS VISAS CANCELADAS
Los Angeles Times recordó que el Departamento de Estado ya ha revocado visas a funcionarios como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a una decena de alcaldes y legisladores.
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