La Retaguardia
Adriana Moreno Cordero
Morena quiere “destazar” a los aspirantes presidenciales de la oposición
La semana cierra y el presidente Andrés Manuel López Obrador da un nuevo banderazo a la carrera de las “corcholatas” que conforme transcurre, amenaza con desbordársele al tabasqueño. Y con eso de que ya “se les queman las habas” a los aspirantes que “pastorea”, solicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al titular de Relaciones Exteriores; Marcelo Ebrard y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que concluyan sus tareas al frente de sus correspondientes dependencias y el gobierno de la CDMX, antes de involucrarse todavía más en conseguir -por lo visto al precio que sea-, su propósito: Suceder al inquilino de Palacio Nacional.
Y la pasarela por la que se placearon las citadas “corcholatas”, más el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, la tuvieron a modo tanto en la Cámara de Diputados como en la colegisladora y ahí se pudo observar la soterrada disputa por ser el o la abanderada presidencial de Morena, ahogando corajes, berrinches y malestares; llamándose unos a otros “amigos”, con forzada sonrisa.
También a lo interno de Morena, los jaloneos están a la orden del día y quien hizo hincapié sobre la manera en que dicho instituto político quiere manipular sus encuestas para seleccionar a su abanderado presidencial, fue el senador Ricardo Monreal, quien demandó que cinco casas encuestadoras -tres principales y dos espejo-, sean seleccionadas por sorteo o al azar, ya que el legislador zacatecano manifestó su desacuerdo porque sea Morena el que organice, realice y “cante” las encuestas.
Bueno, de esta manera, el partido oficial podría “cucharear” o hacer lo que le venga en gana con dichos sondeos, especialmente el ala dura, que ya se sabe a favor de quién está.
Específicamente, el senador Monreal destacó: “Yo he dicho que lo deseable, lo que debería ocurrir es una elección primaria para seleccionar al candidato a la Presidencia de la República, pero estoy consciente de que los estatutos -que es la parte jurídica interna de los partidos-, no prevén ningún otro mecanismo, que es el de la consulta o encuesta. Y, por tal, lo que estamos haciendo es buscar que haya certeza y seguridad entre las encuestas que se levanten”.
De seguro, igualmente por ahí surgirán las voces de los duros del partido oficial que censurarán la propuesta del senador Monreal Ávila, pues insisten en seguir atacándolo.
Pero esta alocada carrera no es privativa de Morena y son los legisladores de dicho partido los encargados de anular y “destazar” -como el secretario de Gobernación dice que hay qué hacer con el INE-, a cualquier candidato o candidata de oposición y no les importan las formas que tengan que seguir o los recursos de los que tengan que echar mano.
Ayer, con un retraso de más de 3 horas y media, la bancada morenista en la Cámara de Diputados, “no quitó el dedo del renglón” y pidió la remoción del presidente de la Mesa Directiva de dicha instancia legislativa, Santiago Creel, porque en cumplimiento de la ley, no permitió la entrada de la escolta militar armada, que llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro para rendir Honores a la Bandera.
¿Y si hubiera sido al revés?, esa es la pregunta que inundó las “ex benditas redes sociales”, cuestionando que si en la administración de los expresidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, hubiera ocurrido una situación similar siendo Morena oposición, de seguro habrían “pegado el grito en el cielo”, así como una vez, tanto López Obrador como el hoy flamante dirigente nacional del partido oficial, Mario Martín Delgado, se manifestaron por las citadas redes sociales en contra de lo que llamaron en esa ocasión, la militarización del país. Pues ellos lo están haciendo ahora muy bien en eso de entregarles todo al Ejército.
Ahí está que la siempre distinguida senadora Citlalli Hernández le gritó “apátrida” al diputado Creel, sin tener mucha idea de qué era lo que quería decir, porque es bien conocida la costumbre que tiene la legisladora de caer a diario en contradicciones.
Un detalle se les escapa a los morenistas: Hasta la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo titular es Luis Cresencio Sandoval, acordó que la ceremonia se realizara en el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro, para evitar que elementos del Ejército armados, ingresaran al Salón de Sesiones.
Por su parte y en su defensa, Santiago Creel explicó que en reunión con la Comisión de Defensa, que preside el panista Ricardo Villarreal, se autorizó previamente que en la sesión del primer día de febrero, en la que se ponen en marcha los trabajos legislativos, fuera la escolta del Ejército mexicano quienes encabezaran el acto.
Señaló que si bien, el reglamento del Congreso no permite el ingreso de armas, el código del Ejército sí obliga a la escolta militar a usar fusiles de alto poder y en todo caso en su facultad de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, buscó armonizar ambos mandatos al permitir que la ceremonia se hiciera en el vestíbulo y no en el pleno.
Municiones
*** Debido a que no hay castigo a servidores públicos, que por omisión ocasionan la muerte, lesiones o contra el patrimonio de los capitalinos, como por ejemplo, el fallecimiento de dos jovencitas al caer en una coladera en la alcaldía Iztacalco cuando iban a un concierto del grupo Zoé, es necesario reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en materia de faltas graves. Por ello, en la primera sesión del segundo periodo ordinario del Segundo Año Legislativo del Congreso capitalino, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, presentó este jueves una iniciativa para reformar los artículos 3, fracción XVI, 10 y 14, así como adicionar una fracción al artículo 7 y el artículo 63 ter, de la citada Ley. Con esto, el legislador busca que los servidores públicos o particulares, en ejercicio de sus funciones, sean sancionados administrativa y penalmente, ya sea por acción u omisión de las facultades que desempeñen, cuando ocasione la muerte o genere lesiones a particulares, causen daños o perjuicios al patrimonio del Gobierno de la Ciudad o de un particular. Explicó el representante popular en el documento, que en caso de la muerte de las dos jovencitas, debió haberse considerado como falta grave y sancionada, no solo por la Secretaría de la Contraloría General, sino que, además, debió abrirse una carpeta de investigación, por la omisión y, por consiguiente, la debida consignación a la instancias judicial correspondiente de el o los responsables. Incluso, denunció el perredista, la falta de una regulación legal, impidió que por lo menos se hablara de una reparación del daño para los afectados, por esta clara omisión en el diligente actuar del servicio público.