TRAS LA PUERTA DEL PODER
Roberto Vizcaíno
La versión más creíble indica que el Departamento de Justicia de EU y sus más agudos fiscales sobre asuntos de México tienen el expediente más minucioso -con nombres, lugares y fechas- que describe paso a paso del entramado en el que Andrés Manuel López Obrador fue construyendo desde poco después del 2000 su red ligada al cartel de Sinaloa para llegar a la ansiada Presidencia de la República.
En ello habría sido clave el doctor Rubén Rocha Moya, antes rector de la universidad de Sinaloa y ligado a lo más intenso del movimiento socialista de finales del siglo pasado en el noreste de México.
Escritor, político, Rocha Moya era entonces no sólo contemporáneo de AMLO sino muy parecido ideológica y hasta físicamente.
Ambos fortalecieron su relación en 2006 luego de la derrota del tabasqueño ante Felipe Calderón. En sus encuentros y reflexiones cayeron en cuenta que si lo hubieran previsto, con los vastos recursos económicos y la profunda estructura territorial del Cartel de Sinaloa hubieran superado ampliamente al panista y a las instituciones electorales de entonces.
Ambos consideraron, dicen quienes estuvieron muy cerca de ellos en el entonces PRD, que el uso de los recursos y estructura del Cartel de Sinaloa hubiera estado justificado ante todas las alianzas y chapuzas de que fue objeto AMLO por los conservadores y neoliberales.
En los años siguientes se fue afinando esa intención. Rocha Moya acercó a AMLO a sus amigos de Badiraguato y para 2015, en la creación formal de Morena, ya comenzó a fluir no sólo el dinero sino a considerarse al narco como parte de la estructura electoral.
Todo ello operó exitosamente en el proceso presidencial de 2018, no sólo en a elección presidencial, sino en las estatales, donde AMLO pasó de 16 millones de votos en las elecciones anteriores, a obtener 30 millones de votos para alcanzar rotundamente la tan ansiada Presidencia de la república.
En los procesos siguientes se profundizó esa alianza AMLO-Morena-Narco para obtener, mayorías en Senado y Cámara de Diputados, mayorías en alcaldías y en la intermedia de 2021.
Ahí fue donde Rocha Moya se coló a la gubernatura de Sinaloa con la mayor demostración de la operación del Cartel de Sinaloa donde fueron secuestrados más de 100 candidatos opositores y se les obligó a dimitir, a retirarse, y donde se raptaron a autoridades electorales locales.
Todo ello fue documentado y denunciado desde entonces por muchos organismos, periodistas analistas, y los partidos de oposición. Ni el INE, ni la Fiscalía General de la República encabezada por Alejandro Gertz Manero, ni el Tribunal Electoral, ni la Fiscalía para Delitos Electorales, la FEPADE, encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, cercanísimo a AMLO hicieron nada.
Y las elecciones desde entonces fueron con Morena y aliados, PT y Verde junto a la operación y dinero del narco. A todo ello Mario Delgado puesto a dedo por AMLO al frente de Morena le sumo luego los enormes recursos de la red del huachicol fiscal.
Eso lo denunció en su momento Porfirio Muñoz Ledo, a su salida de la presidencia de la Cámara de Diputados y como parte del final de su vida.
Desde entonces la oposición PAN PRI documento cada caso.
El PAN fue y denuncio con expedientes todo en la OEA.
Pero fue -afirman mis fuentes amigas- Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI y de la COPPPAL quien lo hizo ante el Senado de EU, ante el Departamento de Estado ya con Marco Rubio a la Cabeza, y ante el Departamento de Justicia con expedientes integrados por exsecretarios de Relaciones Exteriores, y los más experimentados ex fiscales, lo que le dio a sus denuncias y presentación de pruebas una base jurídica, política y administrativa realmente importante.
Desde entonces estas instancias y departamentos integraron esos expedientes con sus propias investigaciones de la DEA, el FBI, el área de Inteligencia del Comando Norte y del Comando Sur, y fue entonces que ya se integraron los expedientes que hoy tienen en la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía los fiscales federales adjuntos a cargo del caso son Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles; el Departamento de Justicia, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, Terrance C. Cole director de la DEA, y la jueza federal Katherine Polk Failla.
Todos ellos no están en una oficinita en Nueva York c0m0 dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Integran la columna central del Gobierno de Donald Trump para combatir a los carteles y los políticos mexicanos vinculados a ellos.
Lo interesante de todo esto es que Alejandro Alito Moreno fue quien logró detonar, afirman, esta demanda inicial de EU contra Rubén Rocha Moya y los otros 9 cómplices, que en los hechos son el eje de la vinculación del Cartel de Sinaloa a AMLO, Morena y la red de la narcopolítica que domina en México.
Así, mientras en México la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en arroparse en la soberanía que se supone evitará que “ninguna potencia nos venga a decir cómo gobernarnos…”, en Washington el presiente Trump publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas, en la que aseguró que darán prioridad a su guerra contra los carteles y a las extradiciones desde México.
Dos mundos paralelos con perspectivas y visiones muy muy distintas de un mismo problema.
O sea…
TODOS LOS OJOS DE LOS MEDIOS HOY EN LA PERMANENTE
Creo que hoy miércoles el Senado tendrá una de las mayores afluencias de periodistas para confirmar si es cierto o no que el senador Enrique Inzunza Cázarez, del mismísimo Badiraguato, Sinaloa, asiste a la primera sesión de la Comisión Permanente.
El lo anunció desde su pueblo natal. Ya veremos si cumple o no.
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