Desde Las Fuentes

Arturo de las Fuentes

Hace unos días se presentó en el Congreso de Estados Unidos, una iniciativa para ampliar el T-MEC hacia algunos países latinoamericanos, al amparo de un doble fundamento: por un lado, se pretende frenar el expansionismo que está buscando China en la región, y por otro, atender los crecientes flujos migratorios que han generado crisis en los estados fronterizos con México.

Analicemos el primer argumento, partiendo del megaproyecto chino de La Nueva Ruta de la Seda, consistente en una ola de fondos chinos para grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo, con el objetivo de vincular a China con Europa, Medio Oriente, África y ahora también América Latina.

Países como Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Perú, por mencionar algunos, han recibido financiamiento chino para la creación y modernización de infraestructura ferroviaria, terrestre y portuaria, que permita fortalecer los lazos económicos y comerciales de la región con el país asiático, que se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes de varias naciones latinoamericanas.

Esto ha generado gran incertidumbre en Estados Unidos, que ha advertido a la región en diversas visitas y reuniones de alto nivel que, no solo representa un audaz aumento de la influencia geopolítica y estratégica de China, sino también el endeudamiento de los países receptores de dichas inversiones.

Debido a lo anterior, el congreso estadounidense ha estimado que es necesaria la actuación de Washington respecto de la situación económica en América Latina, sobre todo considerando el incremento de varias naciones para hacer negocios con China, cada vez más influyente en la región y un socio comercial ineludible.

El segundo argumento, estrechamente relacionado con el anterior, es el incremento constante de la migración en los últimos años, a través de olas que no sólo han develado las crisis internas de las naciones latinoamericanas, sino que generado crisis en la frontera México-Estados Unidos, y ha puesto en la mesa un abanico de posturas, generado discrepancias entre los gobiernos locales, estatales y el federal, para hacer frente a dicha crisis.

Si algo tienen claro todas las naciones involucradas, incluyendo a México y Estados Unidos, como Estados receptores de dicha migración, es que sólo a través de la cooperación regional se logrará hacer frente al incremento en los flujos de personas indocumentadas hacia América del Norte.

Dicha cooperación deberá darse en materia económica, de seguridad, social y hasta cultural, a fin de estrechar lazos, promover el desarrollo compartido y garantizar a la vez, al interior de dichas las naciones, que la calidad de vida sea lo suficientemente buena para que sus poblaciones dejen de migrar por necesidad.

Finalmente, esta iniciativa representa en sí misma, un reto para América del Norte, la cual, gracias al proceso de integración regional de tres décadas, se ha consolidado como la región más competitiva en el sistema internacional. La posible incorporación de las naciones latinoamericanas supone, entre otros muchos desafíos, la generación de infraestructura que permitiese atender los nuevos procesos de producción compartidos, así como la conectividad existente entre las naciones.

Esto pone de relieve el valor de la infraestructura como un sector estratégico para las naciones, y más aún, cuando la interdependencia existente entre ellas va de la mano con procesos económicos y comerciales comunes. Al hablar de la infraestructura, no sólo se debe considerar su valor comercial sino, además, agregar el valor humano y social para garantizar un incremento en la calidad de vida de sus poblaciones, de la mano de un ordenamiento urbano y territorial sostenible que frene las migraciones y permita un incremento en el desarrollo humano regional.