Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
La gobernadora Layda Sansores, violando fragrantemente los artículos 6 y 7 de la Constitución acosa a periodistas con jueces a modo, porque no soporta el tratamiento que le dan a su modo de gobernar; el estilo parece que se copia a nivel nacional, ya que en el intento de acallar al líder del PRI, Alito Moreno, le reviven una acusación que en la actualidad es cosa juzgada; y en la cual la Sección Instructora desde 2022 sentenció que no había delito que perseguir; pero también Moreno tiene dos amparos.
Y como el campechano se lanza fuerte en contra de Adán Augusto Hernández, por sus nexos con Bermúdez Requena, su exdirector de Seguridad estatal en Tabasco, los morenistas se lanzan en contra de un ¨diputado¨ que hoy es senador.
En respuesta al nuevo intento de retirarle el fuero legislativo, Alito no se amilanó, y los retó a que lo hicieran, y ya les ganó la primera. Van por la segunda acusación y ya veremos como acaba el escándalo.
Alito acudirá a las instancias internacionales, para acusar al narcopartido que asesina a México, y adelanta que su voz no se va a apagar, porque va a denunciar el pacto que tienen con el crimen organizado y el desastre quye es el actual gobierno.
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Las acusaciones serán en Estados Unidos, en su próxima visita a Estados Unidos, donde se reunirá con Marco Rubio y ante organismos internacionales. Naturalmente que esto les preocupa en Palacio Nacional, la información que saldrá al plano internacional, principalmente al vecino país que gobierna Donal Trump.
El gobierno estadounidense fue quien acusó al gobierno de México de tener un narco-gobierno, desde la llegada en 2018 de López Obrador, y que hay señalamientos más que claros contra los gobernadores citados, que decir ahora del nuevo escándalo del secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto, Hernán Bermúdez “El Comandante H”, líder del Cartel La Barredora.
Las declaraciones del hijo del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán, de Los Chapitos, testigo protegido en Estados Unidos y la declaración de Ismael “El Mayo” Zambada, aceleraron al gobierno estadounidense para poner bajo lupa con la propuesta que México pueda entregar a esos narco-políticos y narco-gobernadores involucrados en el huachicol y la protección del crimen organizado.
Los abogados de ambos han declarado los nexos del gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum con el crimen organizado, en la protección de los Cárteles del narcotráfico y la utilización de dinero de esas redes criminales para campañas de gobiernos morenistas.
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Layda Sansores no debería estar tan confiada sobre las solicitudes de su gobierno con todo y su Fiscalía, de juicio político en San Lázaro, pues hay que recordarle la guerra sucia que le hizo a Ricardo Monreal, hoy líder de la Cámara de Diputados.
El diputado Sergio Gutiérrez, por protocolo recibió la petición para turnarla a la instancia de la Sección Instructora, pero no quiere decir que sea una garantía.
Basta recordar que sin medir consecuencias, la señora gobernadora se despachó con la cuchara grande para difundir, en esa guerra sucia grabaciones de conversaciones de Monreal con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito”.
La mandataria estatal, recién llegada al poder, en 2022 presentaba material critico en su programa creado para apaciguar a la oposición y los adversarios de su propio partido. Ahí, con bombo y platillo, previo al “Martes del Jaguar”, anunciaba una bomba contra Ricardo Monreal, líder del Senado.
El día llegado del “Martes del Jaguar”, presentó las grabaciones de Monreal con Alito de presuntas conversaciones insinuando arreglos políticos.
Basta recordar que Layda Sansores se prestó a la guerra sucia que inició contra Monreal, porque lo acusaban de ser el culpable de la derrota de las 9 de las 16 alcaldías que perdió Morena con la oposición en la ciudad de México, en las intermedias del 2021 con Claudia Sheinbaum como jefa del gobierno capitalino.
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Ante las recientes declaraciones del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en las que acusa al Partido Acción Nacional de evadir el debate sobre seguridad pública, desde nuestra bancada desmentimos categóricamente esas afirmaciones. Son falsas y deliberadamente engañosas.
En las últimas dos sesiones de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, nuestras representantes, la senadora Mayuli Latifa Martínez y la diputada Diana Gutiérrez, solicitaron formalmente incluir en la agenda política el tema de seguridad pública, en particular el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Fue el propio Fernández Noroña quien impidió que el tema se discutiera, bajo el argumento de que no estaba contemplado en la agenda previamente acordada. Y aunque el pleno tiene la facultad de modificar el orden del día, también se nos negó esa posibilidad, a pesar de tratarse de un asunto de máxima urgencia nacional.
Desde el Grupo Parlamentario del PAN reiteramos: Sí hemos exigido debatir la crisis de seguridad que vive el país en la Comisión Permanente.
