Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
En poco menos de 7 años, el salario mínimo dejó de ser una referencia casi simbólica para convertirse en el eje de la política laboral, pues a partir del próximo mes pasará a 315.04 pesos por día para alcanzar una retribución mínima de 9,852 pesos mensuales y en la Zona Libre de la Frontera Norte, crecerá a 440.87 pesos por día, para un total de 13,409 pesos mensuales.
Pero después de varios años consecutivos de aumentos de dos dígitos, a las empresas les resulta más difícil absorber aumentos salariales que son aproximadamente tres veces superiores a la inflación, y eso incluso antes de tener en cuenta otros costos laborales en aumento, como la reducción planeada de la semana laboral de 48 a 40 horas, que se concretará para el año 2030.
El economista Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, reconoce el impacto social de estos aumentos, pero reconoce que se
empiezan a encontrar límites y que, si no se toman en cuenta, pueden repercutir negativamente en la creación de empleos formales, la inflación o las utilidades de las empresas.
Cuando el costo laboral obligatorio crece más rápido que la productividad marginal, los negocios enfrentan presiones en su estructura de costos que pueden traducirse en una menor capacidad para sostener esquemas laborales plenamente formales, señala el especialista.
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La llamada Cuarta Transformación ha logrado importantes cambios constitucionales, como el sometimiento de un nuevo Poder Judicial y limitar los alcances del juicio de amparo que era uno de los orgullos de la judicatura mexicana, pero todavía tiene pendiente la reforma electoral, que básicamente se presenta como una forma de cumplir con la pregonada austeridad republicana.
Aunque los recién aprobados cambios –a toda carrera y con dispensa de trámites– a la Ley Nacional de Aguas y otras relacionadas no forman parte de la propuesta original para modificar el sistema electoral del país, sirven para justificar los recortes a los organismos electorales y a las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Entre los cambios no planeados, pero que podrían justificar la aspiración de la 4T de recortar gastos, sería la desaparición del Senado.
Para que el efecto resulte más impactante, la posibilidad de quedar con una sola Cámara legislativa, la justificó el líder de la mayoría oficialista, el impresentable coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la llamada pomposamente Cámara alta, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien extrañamente ha sido mantenido al margen de las averiguaciones de la vinculación de la policía tabasqueña con el crimen organizado, representado por la organización delincuencial denominada “La Barredora”, cuyo jefe principal es el ex secretario de Seguridad del gobierno estatal, Hernán Bermúdez Requena, nombrado inicialmente por el mencionado López Hernández, y sostenido por su sucesor Carlos Manuel Merino Campos hasta el 5 de enero de 2024, cuando se le aprobó su renuncia, ¡con un reconocimiento a su labor!
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El gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez presentó hace dos días, su primer informe de gobierno, pero deja muchos pendientes, como es el caso de la seguridad, pues la gente se queja de la falta de policías, la corrupción qué se da en toda la entidad, es pocas palabras es un “desatre”, al grado que la migración hacia el norte y al sur, es decir EU y Guatemala respectivamente, se da y muy fuerte.
