Los Bazucazos de Ubaldo Díaz

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que, gracias al trabajo colectivo y al compromiso de construir un país más justo, igualitario y democrático, las políticas implementadas por la Cuarta Transformación han permitido que en los últimos años más de 13 millones de mexicanas y mexicanos abandonaran la pobreza.

La legisladora recordó que la Cámara de Senadores acompañó estos esfuerzos con importantes avances legislativos, ya que durante la LXVI Legislatura se aprobaron más de 20 reformas constitucionales y más de 80 modificaciones legales orientadas a garantizar los derechos fundamentales.

En este sentido, destacó los cambios legales que han consolidado el acceso a los programas sociales, los que promueven un desarrollo económico con justicia y los que reconocen como sujetos de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Mencionó que el reconocimiento histórico a la masonería es un acto de memoria hacia quienes, inspirados en esos valores, abrieron el camino al Estado laico y democrático, que “hoy seguimos defendiendo desde el Senado de la República”.

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El dirigente panista Marko Cortés Mendoza expresó su indignación ante el nuevo incremento del llamado “impuesto criminal” que grupos delictivos imponen a los productores de limón en Michoacán.

“Esta extorsión sistemática, que se ha convertido en una práctica cotidiana en nuestras tierras, representa no solo un atentado contra la economía local, sino una humillación al Estado mexicano” expresó.

Los productores michoacanos de limón no solo trabajan con esfuerzo, bajo el sol, enfrentando los desafíos del campo, lo más grave hoy, además de lidiar con los precios, el clima y la falta de apoyos, es que deben pagar tributo a criminales que operan con total impunidad. “¿Dónde está el gobierno federal? ¿Dónde están las fuerzas de seguridad que prometieron recuperar la paz?”, cuestionó.

Cortés Mendoza expuso que este nuevo incremento no es una cifra más: es una sentencia de ruina para cientos de familias. “Todo esto es el resultado de un gobierno que ha claudicado frente al crimen organizado, que ha abandonado a los productores y que ha normalizado la violencia en el país”.

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El senador de Morena Adán Augusto Hernández   evitaba cruzar palabras con los periodistas, pues nunca negó, una y otra vez que a él no le gustaba dar entrevistas. Pero como lo han exhibido como un político limitado, pueblerino tuvo que salir a dar la cara, aunque con poca fortuna.

Naturalmente que su bondadosa manera de cambiar y darle entrada, ahora si a los periodistas en el patio del Senado, se debe, sin duda a la presencia en México, en calidad de preso, del que fuera su secretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez, el mismo acusado por EU de liderar el cártel de La Barredora.

Tal vez sus asesores lo orillaron a salirle al ruedo para poder defenderse de un tema que, es simplemente indefendible.

Dicen que el tabasqueño tuvo que dejar su abultada soberbia para proceder buscar hablar con los reporteros de la “fuente”, busca darle un vuelco a la información que lo involucra con ese cártel que obligaba a los gasolineros a vender el huachicol y dividir las ganancias, en una clara acción de evadir el fisco.

Las acusaciones contra los integrantes de La Barredora son mayúsculas y ya avanzaron al plano internacional lo que ha provocado agravar los negativos del gobierno, de Claudia Sheinbaum.

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El presidente de la nueva Corte, Hugo Aguilar, se arrepintió de recortar el 40% de los empleados asignados a su oficina, pues tras comunicar la reducción por los canales oficiales, salió a explicar que se trataba de una redistribución de personal al interior de la SCJN. Nos cuentan que, tras el anuncio, a decenas de empleados del Alto Tribunal les regresó la tranquilidad. 

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El día de mañana viernes,  Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, ofrecerá una disculpa pública por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que causó la muerte de 40 migrantes en marzo de 2023. 

  A 30 meses de la tragedia, el Estado obligará al exfuncionario a reconocer su responsabilidad como parte del proceso que enfrenta por ejercicio indebido del servicio público… El acto de disculpa está programado en Ciudad de México, y no en Juárez, quizá porque en la capital del país el ambiente podría ser más amable para quien fuera protegido del expresidente López Obrador.

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