LA RETAGUARDIA
ADRIANA MORENO CORDERO
- 21 millones de personas no tienen garantizado el derecho al agua: Marcela Guerra
Ya se había creído la flamante Lenia Batres, aquello de que era la “ministra del pueblo”, como la bautizó Morena y sus rémoras, cuando ayer pudo comprobar por ella misma que se convirtió en la ministra apestada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ante esta derrota para ella, su jefe máximo y el partido de ambos, el asunto fue turnado de nueva cuenta, ahora al ministro Luis María Aguilar Morales, quien elaborará un nuevo proyecto, desde luego, muy diferente al que ella presentó para revocar la suspensión definitiva con efectos generales que mantiene congelada la eliminación de 13 Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué cuentas va a entregar en Palacio Nacional la señora Batres?
Y quienes votaron en contra de la propuesta de la morenista perteneciente al ala radical fueron: Yazmín Esquivel, el propio Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayan y Javier Laynez Potisek.
¿Será que la ministra Batres piense ya que Yazmín Esquivel, conocida también como la ministra “pirata”, le está jugando las contras?, porque se supone que éstas dos, junto con Loretta Ortíz, iban a conformar el flamante trío para que todas las ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador pasaran sin más trámite. Entonces, ¿qué pasó?
La hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue metida con calzador a la Corte porque nunca pudo conseguir el consenso del Congreso. En la terna en la que participó la señora Batres Guadarrama, fue la que menos votos obtuvo, frente a Bertha Alcalde Luján y la consejera jurídica de la presidencial, María Estela Ríos así que si no entraba forzada, forzada, no iba a llegar nunca a la SCJN, además de que no cuenta con la preparación que se requiere para estar en el máximo tribunal de la Nación. De entrada no es constitucionalista.
Ya adentro, la mal llamada “ministra del pueblo” no ha tenido empacho alguno en arremeter contra la SCJN por invalidar leyes por violaciones al proceso legislativo. Se equivocó al suponer que ella iba a poner a modo al máximo tribunal para complacer, ni más ni menos que a López Obrador y aún en la gestión entrante, sacar adelante la reforma al Poder Judicial que ha planteado el tabasqueño. Le falta muuucha capacidad.
MUNICIONES
*** La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, señaló que el agua es un tema de seguridad nacional y debe ser prioridad de los tres órdenes de gobierno debido a que 21 millones de personas aún no tienen garantizado su derecho constitucional al vital líquido. Esta problemática demanda una inversión de alrededor de 86 mil millones de pesos anuales y se puede recurrir a inversión pública y privada contemplada en la ley. Por ello, -subrayó la diputada del PRI-, una reforma de este calibre tiene que ser participable con todas las entidades federativas que cuenten con el recurso hídrico, además de otras dependencias que estén involucradas como la Secretaría de Hacienda, Conagua y Semarnat, entre otras, además de un parlamento abierto genuino, no solo con especialistas, sino con los estados y municipios para construir juntos un verdadero proyecto hídrico, pues no basta construir una ley. Debido a esto, tras la notificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se solicita “informen en qué etapa del proceso legislativo se encuentran a fin de emitir la Ley General de Aguas, remitan un cronograma en el que se advierta el plan de trabajo legislativo específico para dar cumplimiento a la sentencia, así como los plazos estimados para el desarrollo de cada etapa”. Guerra Castillo hizo hincapié en que “en la Cámara de Diputados estamos convencidos de la necesidad de legislar sobre este tema, por lo que el requerimiento de la Corte, se hará de conocimiento a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su análisis y respuesta puntual e institucional”.
*** Un juez federal canceló la posibilidad de que el gobierno de la CDMX que encabeza el flamante Martí Batres, reserve, -como pretendía-, la información de tres a cinco años respecto al agua contaminada en la alcaldía de Benito Juárez. Esto de acuerdo a un comunicado emitido por Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Lamoglia Abogados. La decisión del Juez es atacable, sin embargo, ya se notificó la orden del Juez a la autoridad gobierno capitalino y al Sistema de Aguas de la CDMX. Esto mete en serios problemas a Batres Guadarrama, quien confiaba que ocultando un tema tan delicado como este, ya no pasaba nada. Como argumento, el gobierno de la capital de la República señalaba que no podía dar a conocer la información porque está corriendo en paralelo una investigación judicial. Los señalados básicamente, en la demanda de vecinos de la BJ son el propio Martí Batres por la desinformación en la que estuvo devaneando en medio de una serie de mentiras y el SACMX, que encabeza Rafael Carmona, porque es la entidad encargada de surtir agua. Al igual que Batres, Carmona también sale embarrado en esta investigación en la que vecinos de la Benito Juárez buscan que se repare el grave daño provocado por la ineptitud del gobierno capitalino y los demás que resulten. Total que mañana se confirmaría si la sentencia emitida por el Juez, es o no definitiva.
*** Quienes hicieron público el video del ataque directo contra Alessandra Rojo de la Vega, con el ánimo de desestimar el atentado, debieron también haber consultado la propia acta de denuncia que presentó la candidata aliancista para la alcaldía Cuauhtémoc en las propias oficinas de la Fiscalía capitalina. Ahí la también Rojo de la Vega explicó detalladamente el suceso que tuvo lugar la noche del pasado sábado; esto a pesar de que algunas autoridades de la CDMX han intentado desacreditar el evento y tildarlo de contradictorio para evitar catalogarlo como un ataque en el marco del proceso electoral en el que se enfrenta a la morenista Catalina Monreal, quien por cierto primero se solidarizó con la candidata de la oposición y luego se dedicó a atacarla. Que alguien le explique.
*** Se dice en tierras yucatecas que no fue por queja de Morena la licencia forzada por instrucción del Tribunal Electoral que se le otorgó al hoy exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Se comenta que todo surgió por una queja interpuesta por los propios panistas como medida de emergencia para revertir la posible derrota de Renán Barrera ante el candidato de Morena, Joaquín “Huacho” Diaz Mena. ¿Será? Igual se conversa por aquellos lares que la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum tiene especial interés en el “Huacho” Díaz. Otra vez, ¿será?
