Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en su primera edición, misma a la que hizo referencia el senador Ricardo Monreal Ávila hace una semana, determinó eliminar de los acuerdos el tema de los energéticos, pues México siempre ha considerado su soberanía en esta materia, y ya con la nueva edición del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el Senado refrendó dicha soberanía contra viento y matera.
En tal sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado desde que llegó a su mandato, restablecer las relaciones de Petróleos Mexicanos y, de la Comisión Federal de Electricidad, para con sus proveedores o empresas prestadoras de servicios de corte internacional, mismas que firmaron contrarios leoninos con funcionarios y no pocos legisladores mexicanos que prefirieron hacerse ricos, antes que defender la soberanía nacional,
Hoy, que desde los Estados Unidos de Norteamérica cayó una envestida en contra del país por el tema de los Energéticos, el Canciller Marcelo Ebrard pasa como un funcionario de bajo perfil apoyando la política migratoria dictada desde Washington, en tanto que Claudia Sheinbaum se desvive en descalificar el dictamen de los Noruegos en cuanto al accidente de la Línea Doce del Metro y Adán Augusto, bueno, es López Hernández, nada más.
Los funcionarios del Gabinete guardan silencio, las “corcholatas” no quieren manchar su reluciente hojalata, aun cuando los medios internacionales dan cuenta de que el Senado de los Estados Unidos busca enfrentar a México por la supuesta violación de algunas cláusulas del Tratado de Libre Comercio y, al unísono, echan montón para pedir al Presidente Jose Biden su intervención en contra del Gobierno de México.
Ante esta lamentable situación, el único que ha alzado la voz es el presiden te de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, mediante una Carta a la Presidencia del Senado Norteafricana, en donde rechaza que México hay violentado en forma alguna el Tratado de Libre Comercio, en cuyo contenido, no figura la sumisión de México en Materia de Energías, de energéticos, de hidrocarburos totales.
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En México, el tribunal constitucional ha sido el escenario de avances importantes en materia de derechos reproductivos de las mujeres, mientras que la vía política – ha quedado estancada -en la congeladora legislativa en el nivel federal y solo ha encontrado cause en los congresos locales de algunas entidades federativas, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del IBD.
La investigación titulada “Aborto legal: de las 12 a las 24 semanas de gestación”, elaborada por la investigadora Lorena Vázquez Correa, apunta que, con corte a abril de 2022, seis entidades federativas han legalizado el aborto hasta las doce semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima y, en abril de este año, el Congreso de Sinaloa dio un paso más adelante al aprobar una reforma que permite el aborto hasta las 13 semanas de gestación.
Asimismo, recuerda que el 7 de septiembre de 2021 el pleno de la Corte resolvió que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional y, por primera vez se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales hasta la semana doce de gestación.
El documento del IBD destaca que países como Colombia, Singapur, Australia y Holanda, han legalizado el aborto hasta las 24 semanas de embarazo.
En ese sentido, refiere que los países que han ampliado el número de semanas más allá de las doce han mostrado un cambio al poner en el centro de las resoluciones la perspectiva de género y los derechos constitucionales de las mujeres, mientras que las resoluciones más restrictivas de doce semanas continúan con argumentos centrados en los límites del Estado para proteger la vida prenatal.
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Ante el incremento de la violencia que aqueja al país, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas hizo un llamado a autoridades locales, estatales y federales para que fortalezcan las medidas y estrategias en materia de seguridad pública.
La legisladora priista enlista un punto de acuerdo en la Gaceta de la Comisión Permanente para que, en el marco de la presentación del tercer informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se cite a comparecer a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a fin de conocer el estado de la materia a nivel nacional.
Ruiz Massieu argumentó que la estrategia planteada por el Gobierno Federal no ha logrado reducir los índices delictivos a nivel nacional, pues, de acuerdo con el Informe de Seguridad Mensual, presentado el pasado 20 de abril, marzo fue el mes más violento en lo que va del año, con un registro de dos mil 657 homicidios dolosos, lo que representa un alza del 17.5 por ciento a tasa mensual.
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A Claudia Sheinbaum parece que no le está favoreciendo en nada los apapachos presidenciales ante el problema que se avecina por la empresa noruega que hizo los peritajes de la Línea 12 del Metro.
Si bien los resultados que le presentaron no la convencieron en esos peritajes de los posibles errores que llevaron al accidente del Metro, también es cierto que le están moviendo el tapete los partidos opositores.
El problema es mayúsculo porque quiere rescindir el contrato y de paso demandar a los peritos porque considera que no cumplieron con los reglamentos para su realización.
La pregunta de los panistas es: ¿que será lo que está ocultando en esos resultados que no los quiere ventilar?
La presión política que hacen es que los mexicanos tienen todo el derecho a conocer esos resultados, que los debería la señora jefa de gobierno hacer públicos para saber que es lo que se registró.
Dicen los que saben que el pleito del accidente se agravó porque señalan a Sheinbaum como la promotora de filtrar que fue por la construcción y no de mantenimiento.