Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
Alejandro Moreno, dirigente del tricolor consideró que Morena debe ser declarado un “narcopartido”, porque se ha ganado ese título a pulso.
Dijo que “sus candidatos pactan con criminales, su dirigencia guarda silencio y su gobierno es cómplice o cobarde”, por lo que “no hay otra forma de llamarlo”.
En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el dirigente nacional del tricolor argumentó que “no es exageración, es realidad. Morena es un narcopartido y el que lo niegue, o es muy ingenuo, o parte del pacto”.
El Presidente Alejandro Moreno expuso que “han entregado al país al narco”.
Señaló que “la evidencia está en cada rincón de México tomado por el crimen”, e insistió en que “Morena no combate al narco, negocia con él. No defienden al pueblo, lo traicionan todos los días”.
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El Tabascogate, generado por el caso del ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, y sus supuestos vínculos con cárteles de la droga (los Beltrán Leyva y CJNG) que salpican, inevitablemente a su ex jefe y amigo, el ahora senador y líder del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López, nos recuerdan el caso ocurrido hace algunos años en el estado de Nayarit.
En dicha entidad, el entonces gobernador del estado, Rodolfo Sandoval (2011-2017), decidió nombrar, como primer Fiscal General del Estado, a una persona muy cercana, Edgar Veytia, a quien se le conocía con el sobre nombre de El Diablo. Un mote que lo pintaba de cuerpo entero, según se pudo saber por las denuncias de quienes lo padecieron, por sus métodos de terror aplicados para extorsionar a sus víctimas a quienes forzaba a venderle sus propiedades, casas, ranchos, bodegas, terrenos. Investigado, además, por sus nexos con los cárteles de la droga, primero con los Beltrán Leyva y después con los del CJNG, fue detenido, en 2017, siendo aún Fiscal, por las autoridades norteamericanas, acusado de introducir droga a los EUA.
En 2019, el ex fiscal se declaró culpable de narcotráfico, siendo condenado a 20 años de prisión. Esta pena le fue reducida, a 10 años, por testificar en el proceso contra Genaro García Luna, en 2023. Desde febrero del año en curso, su nombre desapareció del registro del Buró Federal de Prisiones estadounidense. Se especula que fue liberado, aunque se desconoce su paradero.
También a su ex jefe, el ex gobernador Sandoval, las autoridades del Tío Sam le tienen abierta una investigación. En 2019, la Oficina del Control de Activos del Departamento del Tesoro, lo incluyó en una lista negra por estar involucrado con el CJNG y por corrupción. Se dice que, durante su gobierno, la violencia e inseguridad ligada al crimen organizado escalaron de manera dramática (INFOABE). Rodolfo Sandoval está actualmente sujeto a proceso y en prisión en nuestro país, acusado, entre otros delitos, de lavado de dinero.
Cualquier similitud entre el caso relatado y el Tabascogate, es mera coincidencia. Un gobernador (Adán Augusto López, 2019-2021), en mala hora, designa a un personaje de sus confianzas como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Hernán Bermúdez Requena 2019-2024). Un sujeto con larga carrera policíaca, que resultó estar relacionado con los cárteles de los Beltrán Leyva, primero, y luego con los del CJNG. Además, de haber fundado y lidereado un grupo criminal, la Barredora, dedicado a la extorsión, tráfico de personas, de combustibles y narco menudeo.
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El día en que la Presidenta, Claudia Sheinbaum anuncia que se revisarán y se darán a conocer las “pensiones exageradas” que reciben algunos trabajadores de Pemex, se informa que Hacienda emitirá deuda en los mercados financieros para fortalecer “la liquidez de la empresa y atender sus obligaciones en el corto plazo”. Sin duda, nos dicen, la petrolera está en aprietos y por lo visto el Gobierno no escatimará en rescatarla… Dicen que así ya habrá forma de pagarle una parte de lo que se le debe a las empresas de Carlos Slim.
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Nos comentan que quien busca llegar a la Dirección General del Autotransporte Federal es la exdirectora Jurídica de Canacar, Olimpia Hernández, quien ha jugado el papel de cabildera de la industria, lo cual huele a conflicto de interés de que quien precisamente litigó contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, más allá de haberla criticado constantemente, ahora busque una posición normando el transporte de carga del país… Dicen que sigue los pasos de su mentor, Ernesto López Rojas, director de Proyectos Estratégicos en la DGAF.
