TRAS LA PUERTA DEL PODER
Roberto Vizcaíno
¿La eliminación del jefe narco y criminal más poderoso de México -y buena parte del mundo- inicia realmente la limpia de nuestros problemas de sometimiento político-electoral, inseguridad, muerte y violencia en México?
Puede ser.
Sin embargo, para lograrlo en verdad, no hay que desdeñar lo dicho ayer mismo por el presidente Donald Trump luego de saber de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.
“En México falta todavía mucho, mucho por hacer”
Tiene razón.
De entrada, a la evidente decisión política, de poder, de ir decididamente por El Mencho, sea o no por presiones y con la intervención directa de EU, lo que debe continuar es al deslinde entre la política y estos capos.
Se requiere de capturar y enjuiciar en México a políticos vinculados y permisivos de carteles y crimen organizado.
En primerisimo lugar darle curso ya, sin más retrasos, al proceso penal de Hernán Bermudez como creador y operador desde la secretaría de Seguridad de Tabasco del cartel de La Barredora y todo el grupo de otros funcionarios participaron en eso, y sobre todo para saber a fondo y de una vez por todas los alcances de la vinculación del exgobernador, extitular de Gobernación, exprecandidato de Morena a su candidatura presidencial en 2024 y hasta hace poco coordinador de los senadores y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López.
Al parejo de eso debe igualmente destrabarse la investigación y el proceso judicial por la red de huachicol fiscal que hasta ahora involucra al exsecretario de Marina José Rafael Ojeda y a sus sobrinos políticos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, a la vez vicealmirante y contralmirante de la misma dependencia y en el mismo gobierno, a quienes se les encontró que operaban desde puertos a su cargo la red de “huachicol fiscal” que se dice representaba unos 200 mil millones de pesos anuales.
En esta red, hay que recordar, afirma la indagatoria involucró a gobernadores, alcaldes, directores de aduanas, jefes policiacos, y otros muchos funcionarios, así como al entonces presidente de Morena, Mario Delgado, hoy titular de Educación en el gobierno de Claudia Sheibaum, quien habría utilizado gran parte de ese flujo financiero ilegal, delincuencial, para financiar campañas de la 4T y para su propio beneficio y el de sus jefes y aliados políticos y en el poder.
Esto mismo fue denunciado en su tiempo por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.
Ni qué decir que esta misma investigación y proceso judicial debe incluir por igual al expresidente Andrés Manuel López Obrador quien según su propio exjefe de su jurídico en su gobierno, Julio Scherer Ibarra relata en su libro Ni venganza Ni perdón fue quien dio el banderazo a la red de huachicol fiscal para financiar campañas electorales de Morena, una vez que su jefe de comunicación Jesús Ramírez Cuevas le llevó al despacho presidencial de Palacio Nacional y le presentó a Sergio Carmóna, señalado luego como “El rey del huachicol”, quien sería ejecutado por sicarios en el municipio de San Pedro Garza en Nuevo León.
Desde entonces se afirmó que Carmona fue eliminado para no denunciar lo que sabía.
Mucho se ha hablado de los “acuerdos” que se hicieron para que Andrés Manel López Obrador estableciera una política de “abrazos y no balazos” hacia el narco y la delincuencia organizada que permitió el crecimiento de estos delincuentes al grado de que el propio presidente Donald Trump, al tomar posesión a fines de enero del 2024 ante Washington y ante el mundo entero dijera que México estaba cogobernado por los carteles de la droga.
Y para que el Comando Norte de EU afirmara que el 40 por ciento de México era controlado por el crimen organizado y los capos de la droga.
Eso quedó comprobado luego de que se supo que El Mencho había sido muerto por el ejercito mexicano la mañana del domingo pasado y de que en 20 estados del país habían ocurrido 250 o más ataques en respuesta a la eliminación del cartel Jalisco Nueva Generación.
Eso ocurrió inmediatamente después de su muerte. De ese tamaño es la presencia del CJNG en México.
La influencia de todo esto en la vida de los 130 millones de mexicanos está en toda una red de extorsiones, cobro de piso, secuestro, establecimiento de precios en alimentos básicos en productos como el huevo o el kilo de carne en municipios o estados enteros y en el cobro de piso en la producción del aguacate o en la minería y hasta en el surgimiento de complejos hoteleros vacacionales en las costas mexicanas.
Una presencia del crimen organizado en muchas de las actividades económicas o sociales.
En lo electoral queda el testimonio de cómo hasta han secuestrado a presidentes de casillas y como han coaccionado a votantes. Detrás de esi¿o hay ya como 150 ejecuciones de candidatos y de alcaldes como Carlos Manzo en Uruapan.
Todo esto se tiene que comenzar a limpiar ahora que ya cayó El Mencho. Es lo que Donald Trump dice que falta por hacer.
¿O exagero?
