Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
Las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión representan un nuevo pacto social, que recogen lo mejor de la Constitución de 1917 para recuperar los derechos sociales que se perdieron en 36 años de neoliberalismo, afirmó la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera.
En un mensaje que compartió en redes sociales, hizo un llamado a las y los legisladores para que analicen a fondo las reformas que planteó el titular del Ejecutivo Federal, “anteponiendo siempre los intereses y el bienestar del pueblo de México”. Además reconoce que estas reformas se pueden discutir y aprobar en un periodo extraordinario de sesiones.
Además, pidió a los integrantes del Congreso de la Unión que ejerzan con respeto, patriotismo y transparencia su responsabilidad como legisladores.
Y dijo que con esta decisión se puso sobre la mesa la discusión de lo que queremos para nuestro país, por lo que cada partido político tendrá la oportunidad de definir qué es lo que representan para la sociedad y lo que consideran para ganar la voluntad de las y los ciudadanos.
La senadora agregó que, en el debate, la sociedad también tendrá la oportunidad de evaluar “si los órganos autónomos le han servido a la nación, si le sirven a la sociedad”.
“Si, en el análisis que se haga en el Pleno de las discusiones, se verifica que efectivamente son órganos onerosos que duplican funciones del Estado, que no le rinden cuentas a nadie y que el beneficio a la sociedad es poco o nulo, no tendría entonces motivo para seguir sosteniéndose estas estructuras con presupuesto público, que tan necesario es para garantizar los derechos de los trabajadores”, continuó.
Recordó que el paquete incluye modificaciones para recuperar el derecho a recibir una pensión con el salario completo; se trata, enfatizó, de una garantía que se había ganado hace muchos años y que perdimos en la etapa neoliberal.
Mencionó que en caso de que el fideicomiso para las pensiones no se pudiera crear, los senadores y diputados tendrán que analizar de dónde se pueden obtener recursos.
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El coordinador de las y los senadores de los senadores panistas, Julen Rementería del Puerto, exhortó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a limpiar su nombre y el del país, ante las acusaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA), sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña en 2006.
“Se ha dicho por ejemplo por parte de la DEA que el Presidente participó en el 2006, que tuvo que ver con, precisamente con delincuencia organizada, es por eso que el Grupo Parlamentario presentará un exhorto para que el Presidente presente la demanda correspondiente para limpiar su nombre y el de México, porque no está solamente saliendo lastimado su nombre, lo cual ya sería grave por ser el nombre del Presidente de la República, sino también para que limpie el nombre de la Presidencia”, remarcó.
Rementería del Puerto destacó que, aunque el propio Ejecutivo diga que el caso ya está cerrado, él no ha hecho una demanda por las acusaciones y mucho menos hay un pronunciamiento de las autoridades en los Estados Unidos sobre dicho asunto.
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Ricardo Monreal, afirmó que las iniciativas que presentó el titular del Ejecutivo Federal incluyen reformas profundas e indispensables para reivindicar derechos de los trabajadores, campesinos, defensores de animales, pensionados y de todas las personas que deben contar con la protección de la Constitución.
Adelantó que comenzará a reunirse con todos los Grupos Parlamentarios, para revisar el calendario, temas, materias “y lo que podamos ir aprobando por consenso y sin dificultades, en beneficio del país”, en el Periodo Ordinario de Sesiones.
Dijo que Morena en el Senado respaldará el paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados y que se analizarán en conferencia para avanzar en los acuerdos entre ambas cámaras.
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El líder del tricolor Alejandro Moreno asegura que le decimos desde aquí al titular del Poder Ejecutivo, que tenga claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un Poder, no somos empleados del poder, y que vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México, afirmó el diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas.
En el marco de la conmemoración de 107 años de la promulgación de la Constitución Política de 1917, el también presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseveró que está claro, desde la polémica que abren las iniciativas del Ejecutivo federal, el gobierno pretende participar en las elecciones para fustigar a la oposición y tratar de descalificarla.
“Hacen suponer que estas reformas que han presentado son la panacea, pero no son más que un velo para esconder las insuficiencias del gobierno, su crisis de seguridad y las numerosas muertes, falta de salud, régimen educativo y una política de incompetencia gubernamental que no le genera certeza a nuestro país”, enfatizó.
Además, reclamó por la crisis ambiental, la crisis del agua y un gobierno que ha sido incapaz de darle paz y armonía social al pueblo de México.
Las piezas fundamentales de nuestra transición política, recalcó, han sido la organización no gubernamental de las elecciones y su realización por medio de un órgano autónomo y el impulso a que haya apoyo público, financiamiento transparente y el sistema mixto de representación, así como el fortalecimiento del Poder Judicial para ser un marco garante e institucional.
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La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó por unanimidad que la periodista Denise Dresser no cometió violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez, al considerar que sus expresiones están amparadas bajo el ejercicio periodístico; por tanto, revocó la multa de 20 mil pesos y otras medidas de reparación.
El proyecto de la magistrada Mónica Soto considera que las expresiones de Dresser están amparadas en el ejercicio de la libertad de expresión y la actividad periodística, ya que la finalidad fue tratar un tema de interés público, relacionado con el uso indebido de recursos públicos.
“La finalidad de la denunciada no fue destacar un vínculo entre la quejosa y el contendiente al cargo de elección popular, sino que el propósito de la denunciada radicó en evidenciar un presunto uso de recursos públicos y la disminución de sus posibilidades de éxito de obtener la coordinación a la que aspira”, expuso la magistrada.