Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
Para nadie es un secreto que los políticos de MORENA han desatado una persecución como nunca, en contra del priista Alejandro Moreno.
No obstante que la Comisión Instructora para desaforar a un legislador no encontró culpable al senador campechano, insiste desde el poder en perseguirlo, les incomoda que Alito está decidido a exhibir al coordinador de la Jucopo, Adán Augusto Hernández López, por sus nexos que sostuvo con funcionario que dirigían la agrupación criminal conocida como la Barredora.
Usan a las fiscalías como garrote para tratar de intimidar a quienes se oponen, como es el Caso del senador Alejandro Moreno, que dice que no quieren impartir justicia, lo que pretenden es intimidar a quienes “nos oponemos”, nos oponemos a quieren desviar la atención de su pacto con el crimen organizado y del desastre.
Sin embargo, el legislador campechano reconoce que México tiene 90 días para actuar con inteligencia y firmeza, es la prórroga que consiguió la Presidenta Sheinbaum con Estados Unidos, es una oportunidad para recomponer nuestras relaciones con los líderes de ese país.
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En lo que va de 2025, México ha registrado un preocupante incremento en los delitos de extorsión, con más de 4,800 víctimas denunciadas oficialmente entre enero y mayo, lo que representa un aumento de hasta 82 % respecto al mismo periodo del año anterior”, denunció Ruiz Sandoval en una proposición con punto de acuerdo publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La cifra es “la más alta en una década y aun así apenas refleja “una pequeña fracción del problema, pues se estima que entre 97 % y 99.8 % de los casos no se denuncian, lo cual evidencia una profunda desconfianza institucional y un vacío en la atención a las víctimas”, dijo.
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Ahora vemos que, los que dicen ser diferentes, no ser iguales a los de antes, tienen los mismos gustos y debilidades por los hoteles de lujo, comidas con vinos costosísimos en restaurantes de tres estrellas Michelin. En fin, que, para estos políticos, la austeridad republicana se quedó en casa.
Llama la atención, sin embargo, que con los topes a los sueldos de los servidores públicos que impusiera el fundador de Morena, esos lujos, por sus precios, parecerían estar fuera de su alcance, pero no.
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Por tercera semana consecutiva, la mayoría oficialista, integrada por las fracciones parlamentarias de Morena y sus “satélites” del PVEM y el PT intentaron acallar en la Comisión Permanente los asuntos más conflictivos del país, como son libertad de expresión, huachicol, corrupción y crimen organizado en el gobierno, pero, como ha sucedido en anteriores asambleas, no lograron esquivar las críticas coladas “por la puerta de atrás” por la oposición.
Las críticas surgieron básicamente de las filas del PAN y del PRI, que no lograron que se aprobara en la sesión de ayer un apartado para el debate político, por lo cual a sus denuncias contra el oficialismo agregaron la represión a los propios legisladores.
El debate público se dio durante la sesión plenaria de la Permanente, pero en realidad la disputa se dio desde la reunión (privada) de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la cual se determina cuál será el orden del día, es decir, se eligen los temas as debatir y cuáles serán dejados de lado.
Ese cuerpo colegiado lo integran los coordinadores de todas las bancadas representadas en la referida Comisión Permanente, así como otros legisladores con funciones consideradas importantes, pero en realidad de lo que se trata es de asegurar la mayoría para el oficialismo.
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Lo que quieren evitar los legisladores del oficialismo, ocurrió en la Fiscalía General de la República (FGR), ante la cual acudió la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, para denunciar formalmente a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, así como a varios gobernadores en funciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, actos de corrupción y omisiones en materia de seguridad pública.
La denuncia incluye a los gobernadores de Baja California, Sonora y Campeche, entre otros, así como al ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y a Mario Delgado, secretario de Educación, y Manuel Bartlett, ex director de la CFE.