Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
El grupo fue numeroso, querían mostrar su solidaridad a Ricardo Monreal, ante los ataques que le ha lanzado Layda Sansores, siguiendo la línea de Claudia Sheinbaum: Fueron 87 senadoras y senadores, lo que representa una mayoría de diferentes grupos parlamentarios, quienes expresaron su solidaridad; los ataques han sido sistemáticos e ilegales y han aumentado en los últimos días.
En la declaración, que suscribieron las y los legisladores rechazaron las agresiones contra integrantes de la Cámara de Senadores, órgano en el que se representa la pluralidad de la nación.
Entre los firmantes, se encuentra el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier y diversos coordinadores parlamentarios.
La violencia política puede ser perpetuada por agentes del Estado, colegas de trabajo, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación y, en general, por cualquier persona o grupo de personas.
Y está puede manifestarse en acciones como los ataques sistemáticos ilegales en contra de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena
Este tipo de ataques ilegales o violencia política, son tipificadas como un delito, pues quien o quienes emiten propaganda política o electoral con elementos denigrantes en contra de una persona que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien guarde relación familiar, o relación afectiva manifiesta, la ley señala que se debe imponer una penalización con prisión.
Seguramente, ese es el fin del posicionamiento, que suscribieron senadores de diversos Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta.
No sólo muestran su solidariad con el político Zacatecano, sino que no aceptan, por ningún motivo ni poder alguno, agresiones contra ninguno de los 127 legisladoras o legisladores de la República, pues ellos representan la pluralidad de la Nación.
En el documento público, también repudian tanto los métodos como los dichos de la gobernadora campechana.
A decir de ese grupo de senadores, es inaceptable que se intervenga y alteren las comunicaciones privadas y que, desde el poder se haga uso de ellas para denostar a ciudadanos.
Y acusan a Layda Sansores de utilizar los recursos públicos para patrocinar una campaña de descalificación en contra de Ricardo Monreal; además de que violó un amparo, sin ningún escrúpulo, para continuar con su empeño de difundir falsedades y agresiones calumniosas, entre otras conductas injustificables e ilegales.
En contra de la confrontación y en favor de la armonía, remarcarían en el documento, su solidaridad a Ricardo Monreal Ávila, ante un gobierno que utiliza de manera sistemática, ilegal e impune recursos públicos para fines de persecución y acoso.
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La urgencia de Morena, especialmente del presidente López Obrador, por sacar adelante la reforma constitucional en materia electoral, tendrá que ceder ante una realidad que no garantiza, al menos de momento, un resultado exitoso.
Y es que, como mucho se ha comentado, los números para alcanzar una mayoría calificada, indispensable para que proceda, no le alcanzan al partido en el poder y sus socios, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, por lo que requieren que algún partido político de la oposición se sume a su proyecto de exterminación del Instituto Nacional Electoral (INE), como así lo calificara el dirigente de este partido, Mario Delgado. En esta apuesta, el propio secretario de Gobernación “destapó” al PRI como posible socio. Pero nos dice Alejandro Moreno, que sostendrá su palabra que no cuenten con el tricolor, pues solo están blofeando.
Cuando en marzo del año pasado la autoridad electoral anuló las candidaturas morenistas de los aspirantes a gobernador para los estados de Guerrero y Michoacán, por no presentar el reporte de ingresos y gastos de precampaña en el plazo señalado por la ley, el dirigente de Morena, molesto por esa resolución, declaró que habría que cambiar a los consejeros y exterminar al Instituto, “hay que pensar en una institución que garantice una auténtica democracia,”.
Pero resulta que esa misma autoridad, que condujo la jornada electoral de junio de 2021, fue la que reconoció los triunfos de Morena en 11 elecciones para gobernador y en 186 distritos de 300 en juego, en los que se eligieron diputados federales, sin que se hubiera suscitado algún incidente grave o alegato de fraude electoral. Una elección democrática, pues.
La autoridad electoral, a la que Morena calificara de “gatilleros del PRIAN” y acusara de parcial y de representar “una formación maligna, el cáncer de la corrupción”, habría arbitrado, con imparcialidad y sin quejas, una elección en la que la oposición sólo ganó 3 gubernaturas de 15 y 114 diputaciones federales de 300.
El odio hacia la autoridad electoral por parte de Morena parece irracional, cuando se analizan los resultados electorales del sexenio de la 4T. Entre otros argumentos, se dice que la reforma de Palacio busca fortalecer la vida
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Proveniente de la izquierda, preso político cuando fue sindicalista, exintegrante del PRD partido al que abandonó antes que el Presidente por el rumbo que estaba tomando, además de ser expresidente del IFE, José Woldenberg, será el único orador en la marcha del domingo, convocada en defensa del INE, la cual no llegará al Hemiciclo a Juárez, pero tampoco al Zócalo como se los pidió el Presidente, promotor de la reforma electoral… ¿Pues no que esta manifestación estaba convocada por la derecha’.
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Quien no cumplió su palabra fue la senadora Citlalli Hernández, quien el pasado 20 de octubre declaró que solicitaría licencia al Senado para respetar los estatutos de Morena que le prohíben a sus dirigentes tener dos cargos. Y es que ya pasaron 20 días desde que hizo esa declaración y sigue en sus tareas de legisladora y secretaria general de Morena. Nos dicen que no quiere renunciar a su dieta en el Senado.
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No es extraño que desde el Gobierno se trate de desacreditar la marcha del próximo domingo 13, en defensa de las instituciones electorales, con insultos a quienes convocan y decidan participar.
El Gobierno sabe que, con los grupos legislativos de Morena en el Congreso y con una oposición dividida, el único freno posible a sus deseos es la voluntad popular.
La misma que cada día esgrime el inquilino de Palacio Nacional para justificar lo mismo ataques que insultos.
La marcha no es contra el Presidente, como se ha querido victimizar, sino en contra de sus intenciones de apropiarse de las instituciones electorales que son, pese a quien le pese, las mejores calificadas en el país, por encima de cualquier otra.