Desde las Fuentes

Artuto de las Fuentes

 

Uno de los temas que poco se aborda en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, pero que es un tema operativo constante en los puertos fronterizos entre ambos países, es el tráfico de automóviles; este fenómeno, que va  más allá de los denominados autos chocolate, se ha acrecentado durante los últimos años, debido principalmente a los grupos que operan fuera de la ley entre ambos países.

Partamos de las cifras para explicar este fenómeno; y es que, en Estados Unidos, uno de los principales delitos lo constituye el robo de automóviles, que, durante los últimos años, ha llegado al promedio anual de más de un millón de automóviles robados en la nación norteamericana, siendo 2023, uno de los años que enfrentó los niveles más altos, de acuerdo con la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros (NICB, por sus siglas en inglés).

De la lista de estados con más automóviles robados, hay dos fronterizos que se ubican en los primeros lugares: California y Texas, y en menor medida, Arizona y Nuevo México. Los cuatro estados fronterizos concentraron alrededor de 150 mil vehículos robados, de los cuales, un porcentaje considerable ingresa a México para distintos fines: para su comercialización de manera ilegal o sin registro, para la venta de partes, así como para su uso por parte de los grupos que trabajan en la ilegalidad, sobre todo de los vehículos más grandes o 4×4.

Esto representa un gran reto para la frontera México – Estados Unidos si consideramos que diariamente cruzan cerca de 180 mil vehículos, por lo que, detectar los automóviles robados, se convierte en un desafío enorme para las autorizades fronterizas, toda vez que los agentes de aduanas de ambos países realizan inspecciones físicas de manera aleatoria basado en reportes de inteligencia, actividad criminal o posibles robos.

Si los automóviles presentan alguna irregularidad o reporte, pasarán a una segunda revisión de placas, documentos e inspección física, para verificar y confirmar si el vehículo es robado o no. Esto se dificulta aún más toda vez que las organizaciones que trabajan en la ilegalidad hacen uso de alta tecnología para hackear sistemas de seguridad de los autos, amplificar las señales de las llaves, así como alterar el VIN o número de identificación de los autos, clonándolos con aquellos que están registrados de manera regular.

Aquellos automóviles que logran cruzar la frontera son trasladados al interior de la República Mexicana por diferentes vías; destaca el caso de California y Sonora, ya que una buena parte de los automóviles se dirigen hacia la costa oeste de nuestro país a través de las brechas o caminos rurales que eviten los retenes instalados por las autoridades; otros más han adoptado la nueva modalidad de traslado en caja de tráileres que, derivado del flujo de mercancías, regresan vacíos a México y cobran por llevarlos hasta el estado destino de los grupos que trabajan de manera ilegal.

De esta manera, las organizaciones que operan fuera de la ley en México y Estados Unidos no solo trafican drogas y armas entre ambos países, sino que se suma el tráfico de vehículos, con el fin de utilizarlos en sus parques vehiculares para cometer delitos o convertirlos en “patrullas”, pues cuando se los decomisan, las pérdidas son mucho menores.

Finalmente, para hacer frente a este fenómeno, la infraestructura binacional juega un papel fundamental; hoy más que nunca se requiere una frontera inteligente, ágil y segura que pueda hacer frente a esta necesidad de inspección de los miles de automóviles que cruzan diariamente la frontera, garantizando el libre tránsito de mercancías pero, sobre todo, regulando y garantizando la seguridad de todos los involucrados en los procesos.