La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) propuso reformar el quinto párrafo del artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política para trasladar al ámbito de la Fiscalía General de la Republica (FGR) la materia de los delitos ambientales.
La reforma busca adicionar a la FGR la competencia en materia ambiental, para quedar establecido que “contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, ambientales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal General de la República”.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que en la actualidad la materia de los delitos ambientales le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero ésta “emite recomendaciones públicas, autónomas y no vinculatorias”, aun cuando el Código Penal Federal incluye delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
En el régimen transitorio se establece que la Federación contará con un año, a partir de la entrada en vigor de la reforma, “para expedir las leyes que se requieran en el orden federal para la implementación de la fiscalía en materia ambiental”.
Agrega que, a la entrada en vigor de dichas leyes, “los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos a la Profepa, se transferirán al organismo creado en los términos del presente decreto”.
La diputada refiere que la iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, con opinión de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es armónica con el objetivo de la Procuraduría de promover la creación de juzgados especializados en este tema, con lo que reconoce que la legislación vigente es insuficiente para acceder a la justicia”.
La propuesta señala que con el resultado de las investigaciones de la Profepa se integrarán los expedientes por delitos ambientales ante un juez, y “con ello la justicia ambiental saldrá de las simples recomendaciones no vinculatorias”.
Espinosa Morales explica que la justicia ambiental, como objeto de la Profepa, se inicia a partir de la denuncia popular y no de una denuncia que derive en la apertura de un expediente con fines de dar vista a un juez federal para la designación de una pena.
Apunta que “la política ambiental no se toma en serio” y es necesario hacerla una prioridad, pues la crisis climática global exige que los órdenes de gobierno definan políticas más ambiciosas y mejor implementadas, con resultados que puedan ser medibles, verificables y reportables.
Añade que el Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2021-2024 prevé cuatro objetivos prioritarios, pero ninguno de ellos busca disminuir los delitos ambientales previstos en el Código Penal Federal para evitar daños a los ecosistemas del país.