Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
Aunque en la primera sesión de la Comisión Permanente se abordaron temas delicados como las acusaciones en contra del llamado cártel inmobiliario y los nombramientos pendientes del INAI, el debate se llevó a cabo en un clima de respeto por la opinión de cada legislador y conforme al formato que acordaron los Grupos Parlamentarios.
De hecho, el presidente y el vicepresidente de la Mesa Directiva, el senador Alejandro Armenta y el diputado Santiago Creel, refrendaron su compromiso para que los trabajos, durante estos cuatro meses de receso legislativo, se lleven a cabo bajo causes institucionales.
Armenta dijo que “el tema electoral es ineludible”, pero mientras los temas se debatan en los términos que marca el Reglamento, se cuide la inviolabilidad del recinto legislativo y las funciones de los legisladores, pues no habrá motivo para que se suspendan los trabajos en el Pleno.
El senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, asegura que su estado, Tamaulipas vive un terror, un terror que hace muchos años no se vivía en el estado, era un estado, próspero, que ha podido dar la batalla contra el crimen organizado y Acción Nacional definió las políticas públicas que son muy claras: combatir a toda costa a los violentos, cero impunidad y ése es precisamente el ejemplo que ha podido dar o dio, en su momento.
Hoy desgraciadamente estas políticas públicas de “abrazos, no balazos” ¿qué significan para el presidente?, pues muy sencillo: primero, ocultar la realidad de lo que está sucediendo en un estado como Tamaulipas, voltear hacia otro lado, encubrir a un gobernador que claramente tiene vínculos con el crimen organizado, y lo dijimos y lo hicimos público, y lo volvemos a hacer público.
No se puede combatir al crimen organizado formando parte de él, y hoy Américo Villarreal forma parte del crimen organizado, y eso es precisamente lo que está sucediendo en el estado de Tamaulipas.
El presidente quiere voltear al otro lado, encubrir a un gobernador, hacerse de la vista gorda.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la palabra
La votación a distintos ordenamientos en el Senado de la República, durante la última sesión del periodo ordinario, se llevó a cabo en los términos constitucionales y será la Corte la que determine si hubo o no alguna irregularidad.
Ricardo Monreal señaló que la sesión fue abierta para todos los senadores que quisieron asistir, pues nunca se prohibió a nadie que participará en la agenda que se desahogó esa noche.
Y sostuvo que lo que hubo en el fondo, que no se quiere reconocer, es una lucha de estrategias políticas. Es un asunto no estrictamente jurídico, sino estrictamente político. Advertí que la sucesión estaba adelantada y la polarización política es inevitable y está acrecentada, explicó.
Manifestó que la táctica de la oposición, su estrategia, fue quedarse, tomar la tribuna, sabiendo que íbamos a debatir y aprobar esa noche. Apostaron todo a condicionar la elección del comisionado del INAI y se les respetó. Decidieron mantenerse quizás para evitar enfrentamientos.
Sobre la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, en el sentido de si hubo o no irregularidades con la licencia de la senadora Balderas, el legislador dijo que “todo se hizo conforme al reglamento y la constitución”, por lo que descartó que la Corte tenga elementos para invalidar algunas votaciones.
Rechazó que este asunto le genere una mala imagen al Senado de la República ante la sociedad.
Los ciudadanos nos pueden valorar e incluso castigar si creen que no se hizo lo correcto, pero son los riesgos que se tienen frente a circunstancias como las que pasamos, externó.
Aclaró que todas la leyes aprobadas esa noche en el Senado tuvieron el mismo procedimiento. Es decir, si una tiene vicios de procedimiento, las tienen todas, apuntó.
Monreal señaló que va seguir insistiendo en reunirse con los coordinadores para intentar nombrar al comisionado del INAI para que dicho órgano de transparencia pueda sesionar.
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En el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la diputada federal priista, Paloma Sánchez, condenó los ataques que sufren los periodistas en México desde el poder, todos los días.
La integrante del Grupo Parlamentario d PRI (GPPRI) en la Cámara de Diputados recordó que, para los comunicadores, México es el país sin guerra más peligroso del mundo y que, pese a ello, la libertad de prensa se responde con ataques desde Palacio Nacional
La legisladora señaló que la agresión contra los periodistas es sistemática y permanente, “como hoy, que se arremete contra los medios diciendo que son una fábrica de mentiras y manipulación”.
Ante esta situación, expresó su rechazo total a los ataques de quienes, desde el gobierno, limitan e intimidan a quienes ejercen el periodismo. “En el PRI creemos que México debe redoblar los esfuerzos para garantizar la libertad de expresión y seguridad de los periodistas”, indicó.
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El senador Clemente Castañeda impulsó un punto de acuerdo para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dé certidumbre a los ganaderos y agricultores inscritos en la Tarifa 9N de estímulo nocturno, utilizada en la operación de equipos de bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola.
Esta tarifa representa más del 80% del consumo eléctrico y del producto tarifario de los agricultores en México. La CFE ha sido insensible ante esta realidad, y en marzo de 2023 anunció el cierre del período para tramitar contratos bajo el esquema de la Tarifa 9N. El resultado es que los agricultores tendrán que pagar tarifas más altas por la energía eléctrica empleada en la operación de equipos de bombeo y rebombeo de agua, con incrementos que van de 400 a 500 por ciento.
Los agricultores han denunciado, además, actos de corrupción en las sucursales de la CFE, en donde gestores cobran de forma irregular para realizar la tramitación de la Tarifa 9N con cobros que irían desde los 30 a los 50 mil pesos.
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Artículo 19 exigió a la Fiscalía de Guanajuato investigar de forma exhaustiva la agresión contra el periodista Ángel Baltasar Galindo por parte de policías en Celaya.
En un comunicado, la organización también pidió inhabilitar a los elementos que participaron en los hechos y sanciones que impidan la repetición de conductas similares.
Además de garantizar la atención médica y psicológica del periodista y su acompañante, y otorgar medidas para salvaguardar su integridad física.
Luego de que el 28 de abril Galindo fue golpeado, amenazado y detenido -junto con su acompañante- por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya.