Desde Las Fuentes

Arturo de Las Fuentes

Hasta hace algunos meses, el nearshoring figuraba como el gran proyecto de México para atraer inversión extranjera a través de la relocalización de las empresas por el nearshoring. Sin embargo, desde hace algunas semanas, productos de diversos sucesos en México, así como de la contienda presidencial estadounidense, se ha abierto la posibilidad de una nueva relocalización de las inversiones, figurando los estados fronterizos estadounidenses, como la opción ideal para las inversiones. 

Hablamos de la transición del nearshoring al inshoring, en donde dos de los estados fronterizos estadounidenses dan las primeras señales de ganar en el terreno de la relocalización: Arizona y Texas. Contrariamente, México está reportando, desde 2023, la pérdida de más de 100,000 empleos de la industria maquiladora, de acuerdo con datos del Bloque Empresarial Fronterizo.

Entre las ciudades más afectadas se encuentran Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, que equivalen al 10 % de los 1,032 millones que había en octubre del 2022, cuando alcanzaron la cifra más alta.

En el caso de Arizona, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Hermosillo, apuntó que la relocalización de inversiones que se habían contemplado para Sonora se ha dirigido primordialmente hacia Arizona, por lo que, la estrategia de la entidad será colaborar con la proveeduría, en cada una de las inversiones que logren aterrizar, fortaleciendo así el sector industrial de la entidad.

Por otra parte, el estado fronterizo estadounidense que despuntó en términos del inshoring ha sido Texas, que comparte frontera con cuatro estados fronterizos de nuestro país: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que a las compañías les favorece esa ubicación, estando cerca de su ecosistema de proveedores en México, pero con mejores condiciones internas (sobre todo fiscales) para sus empresas en Estados Unidos.

Además de su privilegiada localización geográfica, se suma el hecho de su fortaleza económica, con un crecimiento del PIB del 5.7% en 2023, una salud fiscal favorable y una tasa de desempleo del 4%, lo que le ha llevado a consolidarse como el tercer mejor estado de Estados Unidos para hacer negocios.

Aprovechando esta condición, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una inversión récord de 142 mil mdd que se destinará a la infraestructura de transporte, incluyendo un plan de construcción de carreteras estatales por 100 mil mdd a lo largo de 10 años, a cargo del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), proyecto que tiene como objetivo mejorar la seguridad, aliviar la congestión y fortalecer la conectividad.

En contraste, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México redujo 11.1% el monto asignado a la inversión pública en 2024, que ascendió a 1.11 billones de pesos, en comparación a los 1.19 billones de pesos asignados en 2023, de este presupuesto, solo 605.5 mil millones de pesos (54.6%) se destinará a obras públicas como ferrocarriles, carreteras, hospitales, entre otras.

Este primer balance del Nearshoring no resulta para nada positivo para México; los estados fronterizos estadounidenses han ganado el terreno, mostrando la importancia de la inversión pública en sectores estratégicos como la infraestructura, requerida no sólo para temas operativos de las mismas empresas que se están relocalizando, sino para mantener, mejorar e incrementar la efectividad de los corredores comerciales existentes en la región.

Finalmente, para México llegan dos nuevos retos en la materia: por un lado, trabajar coordinadamente para lograr una participación en la relocalización con los estados fronterizos estadounidenses (sobre todo Texas) que ya se han llevado las primeras inversiones, y por otro, comenzar a trabajar, de manera inmediata, en brindar las condiciones para atraer nuevas inversiones que permitan absorber la parte del mercado que ya se está escapando del país, para lo cual, es más que evidente que se deberá garantizar infraestructura y seguridad institucional, que permitan dar certeza y garantías a las nuevas inversiones que se pretende relocalizar.