A propósito de la revisión y renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en días recientes han resurgido a discusión temas fundamentales en la agenda fronteriza bilateral entre México y Estados Unidos, debido a su posible inclusión como moneda de cambio en la renegociación del tratado. Uno de ellos, es el relativo a los compromisos en materia hídrica, derivados del Tratado de Aguas de 1944.
Recordemos que, apenas en febrero de este 2026, los gobiernos de México y Estados Unidos establecieron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo en un contexto de sequía extrema que afecta a la región.
Dicho plan estableció una ruta conforme a los mecanismos previstos en el tratado de mediados del siglo pasado. Este tratado de 1944 delimita los derechos de México y de Estados Unidos sobre las aguas de los ríos que cruzan por sus territorios: Tijuana, Colorado y Bravo/Río Grande. En general, de las aguas del Río Colorado se asigna a México un volumen de poco más de mil ochocientos millones de metros cúbicos cada año. Mientras que de las aguas del río Bravo se asigna a los Estados Unidos, en promedio y en ciclos quinquenales, un volumen redondeado de dos mil millones ciento cincuenta y nueve mil metros cúbicos.
Con la actualización del acuerdo, México expresó la intención de liberar alrededor de 249,163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas planteadas desde diciembre pasado, en cumplimiento de los compromisos asumidos entre ambas partes, lo cual ha representado todo un reto, sobre todo debido a las condiciones anteriormente expuestas.
Esto nos lleva a reflexionar respecto de la necesidad de revisión y actualización de los acuerdos internacionales entre ambos países, especialmente cuando en ellos se involucra el abastecimiento de recursos vitales como lo es el agua. Ya en años anteriores se vivieron crisis asociadas al clima extremo y la incapacidad de nuestro país para poder cumplir con el abastecimiento de las cuotas quinquenales comprometidas, sin que esto represente un riesgo para la seguridad hídrica de las poblaciones mexicanas fronterizas.
Dentro de los temas a reconsiderar están, por un lado, la administración y/o gestión del agua en la región del río Bravo que permita cubrir las necesidades de los distintos usos del agua de manera sustentable así como cumplir con un tratado internacional bajo condiciones de incertidumbre que plantea el cambio climático; por el otro, se deben diseñar esquemas de cooperación entre las agencias que se encargan de tomar decisiones sobre agua y territorio en la región transfronteriza del río Bravo para prevenir el uso indebido de los recursos así como finales ilícitos.
Los tratados vigentes (sobre todo aquellos que datan del siglo XX y que involucran recursos vitales) no están preparados para enfrentar los desafíos globales del siglo XXI, entre ellos, el cambio climático, la creciente urbanización, y los conflictos armados que han devenido en una escalada de las demandas agrícola, urbanas e industriales.
En lo que respecta al tema de aguas fronterizas, ya desde finales del año anterior, el Journal of Water Resources Planning and Management publicó un estudio estableciendo escenarios climáticos extremos en la zona, con lo cual, concluyó que es necesario modernizar el acuerdo bilateral. Y es que las proyecciones originales de flujo de los ríos mexicanos que alimentan el Río Bravo, base del actual acuerdo, resultaron ser excesivamente optimistas, haciendo que las entregas pactadas sean inalcanzables en un contexto como el que vivimos actualmente, de escasez hídrica.
La estructura actual del acuerdo bilateral revela un notable desequilibrio entre ambas naciones: mientras México está comprometido a mantener sus entregas quinquenales, con la única opción de posponerlas, Estados Unidos cuenta con un mecanismo de reducción proporcional que le permite disminuir sus aportaciones anuales en casos de sequía prolongada sin incurrir en una deuda hídrica.
Finalmente, aunque el plan diseñado en este 2026 establece una ruta conforme a los mecanismos previstos en el Tratado, resulta necesario actualizar el acuerdo, con base en esquemas de colaboración técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades fronterizas de ambos países.
