Arturo de las Fuentes
En días pasados se dio a conocer que los gobiernos de Texas y Arizona han transportado a miles de migrantes de las ciudades fronterizas a Washington, D.C., para expresar su descontento por la eliminación de algunas restricciones fronterizas establecidas durante la época de la pandemia, tales como el Título 42.
Lo anterior ha generado una disgregación en territorio estadounidense: mientras algunos estados como Nuevo México se han beneficiado de las medidas, algunos otros como Georgia, Carolina del Norte y Tennessee, se han pronunciado en contra de las acciones de los estados fronterizos republicanos toda vez que los migrantes están abandonando las rutas para establecerse en estos estados de la nación, generando así un descontento político y social.
Esto ha llevado a que el tema de la migración se politice aún más al interior de los Estados Unidos; sin embargo, lo cierto es que el fenómeno escapa, por demás, al gobierno estadounidense. Se trata de una problemática regional que involucra diversos Estados y fronteras, por las cuales, están cruzando las caravanas mirantes en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Esta situación pone a las fronteras de México en una situación de especial complejidad y vulnerabilidad, ya que, por un lado, la frontera norte está conteniendo a los miles de migrantes indocumentados, mientras que la frontera sur está siendo rebasada en su capacidad de infraestructura.
Y es que la frontera sur, que representa aproximadamente una tercera parte de la extensión en relación con la frontera norte, (1,196.2 km), es compartida con Guatemala (959.7 km) y Belice (236.4 km), y está conformada por límites terrestres, fluviales y marítimos, en ambos casos.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), existen 10 cruces formales: 8 con Guatemala, y 2 con Belice, pero se tienen identificados, alrededor de 56 puntos por donde se puede cruzar, sin que exista un control, por parte de autoridades migratorias, aduaneras o militares, de lo que se intercambia entre ambos países.
Esta situación ha facilitado el paso de las caravanas migrantes desde noviembre de 2018, con la intención de llegar a Estados Unidos, lo cual ha rebasado por mucho, la capacidad del Estado mexicano para hacerle frente a la problemática. De enero a julio de este año, con base en datos de la SEGOB, se registraron 117,052 extranjeros no documentados en México, mientras que el número de solicitudes de asilo en nuestro país ha batido un récord histórico durante este mismo periodo, con un total de 51,654 solicitudes, de más de 90 nacionalidades distintas, algo de lo que no se tenía registro en un periodo similar. A lo anterior debemos sumar las decenas de miles de migrantes que se encuentran en la frontera México – Estados Unidos, a la espera de poder cruzar hacia el norte.
Debido a lo anterior, debemos tener claro que se requiere de una visión a largo plazo y una planeación con base en la cooperación regional, que considere medidas en diferentes niveles y sectores, y que debe iniciar con la infraestructura necesaria para poder mantener el control de las fronteras, y al mismo tiempo se promueva el intercambio ágil entre las naciones, con base en un plan de desarrollo regional.
Finalmente, queda claro que la migración no es sólo un tema político nacional, sino que demanda acciones unilaterales, bilaterales y regionales para hacerle frente. Implica considerar a las fronteras no solo como límites entre los Estados, sino como áreas estratégicas y de potencial desarrollo, en donde la infraestructura se consolida como un pilar para el control y la agilización en el intercambio de mercancías, capitales y personas, por lo que solo a través de la cooperación y el trabajo conjunto es cómo se verán resultados en el corto, mediano y largo plazo.