Arturo de las Fuentes

Medio Ambiente en la Frontera 

La frontera México – Estados Unidos es un espacio dinámico y complejo no solo en materia política y económica, sino respecto de los desafíos en la protección ambiental binacional.

A lo largo de los más de 3,100 kms (este-oeste) y 100 kms (norte-sur), convergen dos regiones biogeográficas que albergan una gran diversidad de ecosistemas, cuya flora y fauna contribuye a la consolidación de los dos países colindantes que se encuentran entre los 17 países del mundo considerados como megadiversos.

La cooperación binacional en materia ambiental se inició en 1983 con la firma del Acuerdo de Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, comúnmente conocido como el Acuerdo de La Paz.

La SEMARNAT y la EPA han sido las dependencias encargadas de implementar las actividades en el marco del Acuerdo, en las áreas fronterizas a lo largo del Río Tijuana, Río Nuevo, Río Santa Cruz y las cuencas hidrográficas del Río Grande / Río Bravo.

Los riesgos ambientales y de salud pública más importantes para el bienestar de las comunidades fronterizas incluyen la gestión respecto de la calidad del aire, del agua, el manejo de materiales y residuos, así como la atención a emergencias ambientales peligrosas.

La región fronteriza enfrenta importantes desafíos que amenazan su capacidad para mantener comunidades limpias y sustentables. El aumento del comercio, la industria manufacturera y el crecimiento de la población en la región fronteriza ha propiciado un aumento de los residuos; sin embargo, la estructura actual de gestión de residuos no es la adecuada para satisfacer las crecientes necesidades de las comunidades fronterizas.

Los desechos sólidos pueden incluir materiales generados por negocios (residuos comerciales e industriales), materiales de construcción (escombros de construcción y demolición) y residentes (residuos sólidos urbanos).

Ejemplos de los desafíos que enfrenta la región fronteriza incluyen el manejo de aguas residuales e industriales de Cd. Juárez que son desechadas al Río Bravo, impactando en Ojinaga-Presidio; o bien, la modernización de la infraestructura fronteriza, como el Puente Colgante de Miguel Alemán-Roma, cuya rehabilitación se está instrumentando para evitar su colapso y la contaminación del Río Bravo.

Hablando de las materias específicas, en términos de la calidad del aire se debe priorizar la justicia ambiental para enfrentar los impactos desproporcionados de la contaminación derivada del funcionamiento de las ciudades y la actividad industrial.

En términos de la calidad del agua, la gestión tiene características específicas, toda vez que los ríos que fluyen de un país a otro, o bien, a lo largo del límite internacional.

Los vertidos de aguas residuales transportados a través de ríos y corrientes oceánicas binacionales, la falta de acceso al agua potable, la gestión de las aguas residuales, representan un riesgo significativo a la salud pública en las comunidades fronterizas.

Para poder hacer frente a los desafíos, se han establecidos diversos mecanismos de cooperación, entre ellos, e Programa Frontera 2025, un esfuerzo binacional de cinco años (2021-2025) diseñado para «Proteger el medio ambiente y la salud pública en la región fronteriza entre México y Estados Unidos para el bienestar económico, cultural y social a largo plazo de las generaciones presentes y futuras, y reconocer la importancia de colaborar con estos grupos en la conservación a largo plazo del medio ambiente», para lo cual se establecieron cuatro metas: para reducir la contaminación del aire, mejorar el acceso al agua potable, promover la gestión de materiales y residuos, mejorar la preparación a emergencias.

Su implementación se gestiona en el marco de las respectivas leyes y regulaciones de México y los Estados Unidos y busca el mejoramiento de las condiciones ambientales y de salud a, través de sus iniciativas de aire limpio, suelo, agua, y asegurando que las comunidades puedan responder eficazmente a las emergencias. 

La participación activa incluye gobiernos estatales y locales, comunidades indígenas mexicanas y las Tribus reconocidas federalmente de EE.UU. cuyos esfuerzos son esenciales para el éxito duradero. Los proyectos de este programa se ejecutan en coordinación con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADB).

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